¡Alto! o mi abogado dispara


 

Julio C. Pacheco

Sí, éste es nuestro país, el país de la norma escrita. Donde no es difícil ver escupir chicles al suelo, trincar unas cuantas decenas de millones de euros de las arcas públicas, mear en la calle o que alguien te haga una peineta si protestas porque se ha saltado un paso de peatones y ha estado a punto de partirte la crisma. Eso sí, si el paso no está frente a un cuartel de la Guardia Civil.

A nuestras leyes, decretos, reglamentos… su creación y modificaciones, tenemos que cumplir y adaptarnos a la Unión Europea. Todo ello exponencialmente aderezado con la esencia legislativa propia de 17 Comunidades Autónomas. Un autentico Babel legislativo. Bajo la marca de fuego -la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento- que nos hace entrar, si no eres de los que ha decidió pasárselas por la entrepierna, en la duda perpetua de no encontrarte fuera de juego. Tendríamos que convertirnos en auténticos yonquis de boletines y diarios oficiales.

Unas normas tan justas que permiten que te cobren una comisión por ser buen pagador y cometer el grave pecado de pagar anticipadamente un préstamo. Que te manden a la calle de tu casa por no poder pagarla, quedándose con ella, y convertirte en moroso de por vida. Que te preste un familiar, con toda su buena fe, un dinero y te machaquen porque el recaudador de turno estime que era una donación. Motivos para llevarnos al desiderátum del aprendiz de anarquista.

Que es éste el país de lazarillos, que la picaresca la llevamos en nuestro ADN. Por supuesto. Lo cierto es que si te pones a pensar lo que realmente pagas de impuestos, por tomarte una caña, echarle gasolina a tu coche, ver una peli… todo ello sin añadir el IRPF, IBI, IVTM y demás tasas, arbitrios, aranceles y triques de utilidad pública e interés social. Máximo cuando estás siendo testigo, a diario, de la aplicación del manual de buenas prácticas de la cosa pública que han hecho algunos y la velocidad con la que, aparentemente, se les va a aplicar justicia.

Pues eso, que el otro día decidió mi jubilosa y jubilada tía cambiarse de seguro de coche. Pues no va la insensata y anula el pago de la renovación de la póliza. Le llegó una carta de esas de Asesoría Jurídica: “O pagas, o mi abogado dispara”. Soponcio al canto que le dio a la pobre. Está clarísimo, aunque la póliza ponía que de no realizarse el pago de la renovación con un mes de antelación ésta quedaría anulada, ella había cometido el grave error de no haberse leído la Ley de Contrato de Seguro.

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