Opinión / José Antonio Ortega

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Aquí ya no se libra ni el Tato

10/7/2018

Aquí ya no se libra ni el Tato

J. A. Ortega | Periodista y Escritor

Al abordar el tema de los aforamientos lo primero que a uno se le viene a la cabeza es la idea de que tuvieron que ser algunos despabilados los que, en un momento de la historia, estando en el ejercicio del poder, tomaron esa ingeniosa decisión de aforarse como para mejor forrarse… Y lo malo es que, aunque esto no es exactamente cierto, sí que algo o mucho de verdad hay en ello.

Chistes fáciles aparte, hay que decir, no obstante, que desde el más remoto pasado en todas las sociedades humanas la autoridad, como no podía ser de otra manera, ha estado siempre revestida de una protección especial. Una protección que tiene mucho ver mucho con la necesidad de “legitimación” de la que nos da cuenta Weber. Y es lógico que así sea, porque, si no, nadie podría ejercerla

Del mismo modo, también, en todas las sociedades humanas, desde las más primitivas a las más avanzadas, la autoridad ha estado acompañada de privilegios. Y es lógico que así sea, porque el sacrificio, la entrega, la responsabilidad que supone gobernar en pos del bien común, que no es siempre el bien de todos y cada uno de los individuos, ha de estar recompensada. La democracia moderna lo único que ha hecho es ir legislando y regulando determinadas prácticas en uno y otro sentido, reduciéndolas al mínimo, en algunos casos, pero no erradicándolas.

En la República Romana, a la que tanto debemos, para lo bueno y para lo malo, a pesar de los dos milenios transcurridos desde su desaparición, los representantes públicos no podían ser acusados ni juzgados de ningún delito. Debía esperarse a que abandonaran la magistratura que ocupasen para sentarlos ante un tribunal y asistir a su procesamiento. Aunque en aquellos lejanos tiempos, todo sea dicho, los cargos solo se mantenían un año.

El problema, pues, no está en la protección y el privilegio, sino en el abuso. Y desde esta perspectiva es desde donde debe analizarse la cuestión sobre los políticos aforados que ahora está en el candelero.

Con motivo de este debate se escuchan y se escucharán -igual que se leen y se leerán- un sinfín de disparates. Afirmar como se ha afirmado que con la propuesta de eliminación de los aforamientos planteada por el Ejecutivo de Sánchez lo que se pretende es evitar que los independentistas todavía ni siquiera encausados sean juzgados por el Supremo para que lo sean por jueces catalanes es un claro ejemplo de esto que digo. Entre otras razones porque en nuestro ordenamiento jurídico es el Alto Tribunal el que tiene la última palabra.

Un servidor es de la opinión de que incluso en un estado democrático y de derecho el aforamiento de los representantes públicos ha tenido y sigue teniendo su utilidad. Pero también soy de la opinión de que en España, siguiendo el modelo de otros países de nuestro entorno, esa figura legal ha de revisarse, porque ya no sirve para cumplir la función para la que fue concebida.

En una sociedad en la que la política se judicializa y la justicia se politiza hasta niveles que resultan obscenos y los medios de comunicación se convierten en armas al servicio de los partidos contendientes gozar de tal estatus como que ya no vale de mucho. Por suerte o por desgracia, como todos sabemos, nadie expuesto al escrutinio de la ciudadanía está libre de sufrir la pena de telediario, que no es poco castigo. Y es que, aforado o sin aforar, aquí ya no se libra ni el Tato…

 

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