Redacción | Los Barrios
Los ecologistas aseguran estar “sorprendidos” por el hecho de que la Sociedad Española de Epidemiología, y en concreto su presidente, realice declaraciones sobre un informe encargado por el Defensor del Pueblo Andaluz mediante convenio en octubre de 2012, “antes de que esa institución lo haga público y sin que ésta haya comunicado la finalización y entrega del mencionado encargo a las organizaciones firmantes de la queja”.
Los tres colectivos señalan que las manifestaciones del presidente de la Sociedad Española de Epidemiología podrían ir en contra de los condicionantes relativos a “difusión, confidencialidad y publicación de los resultados que se suelen recoger en este tipo de convenios, ya que es la oficina del defensor quien realiza el encargo y a todas luces la responsable de su publicación y tratamiento”. En este sentido, insisten en que “vamos a solicitar conocer en qué términos se realizó dicho convenio”.
Así, afirman que el mensaje lanzado por García Benavides “es tendencioso y sesgado a la par que simplista, y desde el respeto, nos parecen unas manifestaciones mas propias de algún consejero de la Junta de Andalucía que de un científico del que se espera mas seriedad, cautela y discreción a la hora de enviar mensajes a la ciudadanía en un tema tan complejo como es la situación sanitaria del campo de Gibraltar”.
El informe encargado a la SEE consiste en un dictamen que se basa en el análisis de la información disponible sobre la comarca, por tanto, “no es un nuevo estudio y mucho menos un estudio epidemiológico, como se ha publicado en los medios”.
Los ecologistas sostienen que la información social, económica, laboral y sanitaria de la que actualmente se dispone es, en muchos aspectos, “muy escasa y limitada y en algunos casos inexistente, por lo que difícilmente sin la realización de otros estudios se pueda descartar la influencia de la industria”.
“Quizá el profesor García Benavides desconozca que los planes de la administración estatal y autonómica, con el apoyo de algunas administraciones locales dispuestas a jugar a la ruleta rusa, no pasan por disminuir la presión industrial, sino que prevén la implantación de nuevas instalaciones industriales así como ampliaciones de las ya existentes, que esta ya produciendo un incremento del trafico marítimo por operaciones de carga y descarga de petróleo y derivados y que van aumentar aun más si cabe el deterioro medioambiental de la comarca, por lo que afirmar que las próximas generaciones puedan estar tranquilas, nos parece muy atrevido y dejan patente el desconocimiento de la SEE sobre las políticas de las administraciones para el campo de
Gibraltar”, dicen al tiempo que señalan que “los logros de las ultimas décadas en cuanto a reducción de emisiones de la industria en la comarca, sin duda tienen una relación directa con la “mejoría” sanitaria a la que alude el profesor García Benavides, por lo que es lógico pensar que la actividad industrial es uno de los determinantes de la sobremortalidad que afecta a los campogibraltareños, pero dicha reducción no sirve de nada si por otro lado se sigue incrementando la actividad industrial, el trafico marítimo y las instalaciones de carbón y almacenamiento de productos petrolíferos. Prueba de ello es el requerimiento por escrito que España recibió en 2009 de la Comisión Europea, que detectó una exposición sistémica de la población de esa zona a unos niveles de contaminación atmosférica excesivos según la directiva 1999/30/ CE y la nueva Directiva 2008/50/CE relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa”.
Los tres grupos señalan que la situación sanitaria de la comarca ha mejorado, igual que en toda España, pero aquí “sigue existiendo una de las mayores tasas de mortalidad y un alto índice de probabilidades de padecer enfermedades cancerígenas, tenemos unos servicios sanitarios que aunque han aumentado siguen siendo escasos y en algunas áreas de mala calidad, unas aguas y suelos marinos contaminados por vertidos industriales y urbanos a pesar de las grandes inversiones publicas, un aire que en ocasiones es irrespirable, unas cifras de desempleo y pobreza que nos mantienen en el subdesarrollo, desde hace 40 años, y esta es una situación que se agrava por la crisis y los recortes del gobierno, y la manga ancha del PP y del PSOE-IU a proyectos industriales de empresas corruptas, ladronas y especuladoras”.
Cooperación Alternativa, Verdemar Ecologistas en Acción y Agaden, junto a otras organizaciones va a continuar exigiendo, entre otras medidas, la realización de cuantos estudios sean necesarios para descartar o confirmar la relación de la contaminación de la industrias con la crisis de salud publica que padece la población del Campo de Gibraltar. Esta reivindicación histórica del campo de Gibraltar, apoyada por una amplia mayoría de la ciudadanía, que ya se vio respaldada en abril de 2010, cuando la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) recomendó a la Junta de Andalucía la realización de estudios que aclaren las causas del elevado índice de casos de cáncer entre los habitantes del Campo de Gibraltar y el Peñón. Aunque no existía obligación jurídica de realizar los estudios epidemiológicos, el Parlamento Europeo señaló que sí sería importante llevarlos a cabo ante la gravedad de lo que está en juego para la población. La comisión volvió a pedir a España en febrero de 2011 que le presente un nuevo estudio epidemiológico.
Hasta ahora la Junta de Andalucía, ha ignorado, a la ciudadanía, a las organizaciones sociales y ecologistas, al defensor del pueblo andaluz y a la comunidad científica y hasta al parlamento europeo, haciendo gala de una dejadez e irresponsabilidad mayúscula. El papel de la anterior consejera de salud, Maria Jesus Montero en este problema, estuvo dominado por la soberbia y el desprecio, culpabilizando a las víctimas, como si estas hubiesen gobernado y dirigido las políticas de la Junta y el Estado los últimos 30 años.
“Tampoco creemos que la actual presidenta Susana Díaz y su equipo vayan a emprender motu proprio los ansiados estudios que ya en su día los ciudadanos de esta comarca y las organizaciones sociales y ecologistas demandaron por escrito al gobierno andaluz”, insisten los ecologistas, que señalan que “esperemos que algún día la Junta de Andalucía y el Gobierno de España dejen de gobernar para las grandes empresas y sus intereses económicos y empiecen a preocuparse por la salud y el medio ambiente de esta comarca”.