La Estrategia para la erradicación del uso ilegal de cebos envenenados de la Junta de Andalucía, puesta en marcha en 2004, ha obtenido hasta la fecha siete sentencias condenatorias contra esta actividad ilícita: cuatro en Jaén y una en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz.
Estos datos corroboran el compromiso de la Junta de Andalucía para erradicar el uso de cebos envenenados en el campo, según ha dicho el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Gabriel Almagro, en el acto de inauguración de la tercera jornada provincial sobre la estrategia andaluza para la erradicación de venenos.
La jornada se ha celebrado en el Centro de Visitantes del Parque Natural de Los Alcornocales de Alcalá de los Gazules con la asistencia de medio centenar de agentes de medio ambiente, funcionarios de la Policía Nacional y miembros de la Guardia Civil, así como técnicos de la Consejería de Medio Ambiente.
Uno de los objetivos del encuentro es la coordinación entre los agentes forestales con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
En la cita también se han analizado los resultados que está dando la estrategia andaluza, que prevé la aplicación de 61 medidas de diferente calado, entre ellas el análisis de tóxicos en el Centro de Análisis y Diagnóstico de la fauna silvestre (CAD) y un mayor control en la venta de productos fitosanitarios susceptibles de utilización en los cebos.
La ejecución de programas específicos de formación y educación contra el veneno, la constitución de un equipo de personas especializadas en el control selectivo de depredadores y la creación de equipos caninos entrenados para la detección del veneno (actualmente operativo en toda Andalucía y que está obteniendo resultados muy eficaces), son otras medidas incluidas en la estrategia.
Otras medidas destacables son el incremento de los niveles de vigilancia e investigación y el endurecimiento de los procedimientos sancionadores, pudiendo su hallazgo constituir causa de supresión del aprovechamiento cinegético y, en su caso, ganadero.
El uso de cebos envenenados es una de las principales amenazas para la conservación de muchas especies depredadoras y carroñeras de España.
Fue, junto a la persecución directa, la principal causa de reducción de las poblaciones de especies actualmente amenazadas como el águila imperial ibérica, el buitre negro, el alimoche o el quebrantahuesos.
Su empleo es una actividad delictiva ligada fundamentalmente a una mala forma de entender la caza y ganadería, con objeto de mermar las densidades de predadores como zorros y perros asilvestrados y proteger así la caza y la paridera del ganado.
Además, se han encontrado cebos impregnados de veneno junto a áreas recreativas de nuestra comunidad autónoma, a pesar de que estos cebos suponen un gravísimo riesgo para las personas y la fauna silvestre e incluso doméstica.
Por ello, explicó Almagro a los asistentes, “intercambiar experiencias entre las organizaciones y entidades implicadas en su prevención y persecución es de vital importancia”.
Un objetivo tan ambicioso como la erradicación del uso de cebos envenenados, delito tipificado también en el Código Penal, “desborda en algunos casos las competencias de la propia Consejería de Medio Ambiente”, indicó el delegado del Gobierno.
“De ahí la importancia del trabajo conjunto con otras consejerías, como la de Agricultura y Pesca y la de Gobernación”, agregó.
Almagro dijo que este problema “figura ya igualmente como prioritario en la agenda de trabajo con las Fiscalías de Medio Ambiente, con la Guardia Civil, Policía Autonómica, Federación Andaluza de Caza y otras instituciones públicas y privadas, y con el colectivo ecologista.”
Es un problema “extremadamente complejo, genera todavía aquiescencia y complicidades en el medio natural andaluz, y precisamente a romper esta dinámica debe destinarse nuestro común quehacer”, afirmó.
