Redacción | Cádiz
La portavoz del Grupo Socialista de la Diputación y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha calificado de “frivolidad” las manifestaciones del presidente de la Corporación provincial en las que este aseguraba que el ente supramunicipal está actuando como ‘salvavidas económico’ de los consistorios gaditanos. “El presidente Loaiza no ha podido utilizar un símil más desafortunado, ya que la actuación del Gobierno provincial del PP es lo más alejado de una acción de rescate para los ayuntamientos. Porque, lejos de centrarse en atender de manera prioritaria a aquellos que se encuentran en un mayor peligro, prima sistemáticamente a los que están gobernados por su mismo partido”, ha señalado.
“El Partido Popular ha descubierto en el Servicio Provincial de Recaudación una herramienta para su uso discrecional, atendiendo exclusivamente a criterios de estrategia partidista. Porque, por más que su propaganda quiera hacer ver lo contrario, los impuestos y tasas que la Diputación recauda en virtud de los convenios con los ayuntamientos son derechos de los propios consistorios. De ahí que las transferencias posteriores a las municipios no respondan a la eficacia ni a la magnanimidad del Gobierno del PP sino a una mera cuestión de justicia”, ha dicho.
Irene García ha afirmado que “a lo largo de estos dos años y medio de mandato, ha habido ayuntamientos gestionados por el PP a los que el presidente Loaiza y el Gobierno provincial del PP han enviado sistemáticamente toda una flota de rescate a costa de todos cada vez que se ha levantado el más mínimo oleaje”. En este sentido, ha destacado lo sucedido con el Ayuntamiento de Jerez, “al que se le consintió romper el convenio de recaudación con la Diputación cuando el saldo de adelantos era enormemente favorable para el Consistorio, permitiéndole además un plazo de devolución que se prolongará durante varias décadas, sin importar que otros municipios pequeños deban padecer las consecuencias de ese quebranto”.
“Por el contrario, los municipios gestionados por el PSOE se las han visto y se las han deseado para conseguir que las cantidades correspondientes al pago de los impuestos y tasas por parte de sus propios ciudadanos lleguen puntualmente a sus arcas para poder atender, por ejemplo, a su obligación de afrontar la nómina de sus trabajadores”, ha afirmado. Siguiendo con la comparación que proponía Loaiza, ha añadido que “a los ayuntamientos socialistas apenas se les ha mandado un flotador para que se agarren a duras penas, un flotador que además ha sido pagado por esos mismos consistorios. Y todo ello cuando deberían disponer de importantes medios de salvamento que la Diputación guarda bajo llave y gestiona con cuentagotas, en virtud de criterios que nada tienen que ver con la lealtad institucional”.
La portavoz y secretaria general ha destacado que “resulta paradójico que el presidente Loaiza admita ahora que el principal problema de los ayuntamientos es su falta de liquidez, después de que hace apenas dos semanas, en el Pleno del 21 de diciembre, votase en contra de dos propuestas del PSOE para que los Presupuestos de la Diputación para 2014 incluyesen sendas iniciativas en este sentido”. De esta manera, se ha referido a la necesidad de articular una línea de ayuda dotada con dos millones de euros para que las localidades menores de 20.000 habitantes atiendan a sus gastos corrientes; y al impulso de un Plan Especial de Financiación, dotado con un mínimo de 10 millones de euros, para que los ayuntamientos de mayor población que registran “especiales problemas de liquidez que les impiden afrontar el día a día de su gestión municipal” (como La Línea, Barbate y Los Barrios), puedan dar respuesta a sus obligaciones económicas.
“Loaiza se ha permitido decir que la Diputación está garantizando que los trabajadores de Barbate, Los Barrios y La Línea puedan cobrar sus nóminas, cuando sabe perfectamente que el dinero con el que se están abonando sus salarios corresponde en justicia a esos ayuntamientos”, ha dicho. Y ha concluido destacado la “desfachatez” que supone “atribuirse como un mérito lo que no es más que el habitual funcionamiento de las instituciones, que deben asentar su actuación en la lealtad en lugar de apoyarse en criterios y estrategias partidistas”.
