gnacio García, parlamentario de IULV-CA y Portavoz del Intergrupo Parlamentario Paz en el Sahara se ha desplazado en la mañana de hoy a Lanzarote para expresar la solidaridad de su organización con la activista saharaui Aminatu Haidar. “Después de más de una semana en huelga de hambre, apunta García, ya es hora de exigir al Gobierno que haga un gesto de humanidad y solucione su traslado a El Aiiún de manera urgente”.
García ha criticado que “en Marruecos ha cometido una ilegalidad flagrante, pero también hay otra ilegalidad cómplice por parte del Gobierno de Zapatero. La actuación de las autoridades españolas ? puntualiza García – demuestra el servilismo y la complicidad del gobierno español con las autoridades marroquíes que ocupan militarmente el Sahara Occidental y no respetan los derechos humanos, tal y como demuestra el hecho de haber expulsado arbitrariamente a la activista saharaui Aminatu Haidar de su tierra”.
Al igual que en el día de ayer lo hizo el Coordinador General de IU , Cayo Lara, junto a una amplia representación del mundo de la cultura y el activismo social, el parlamentario de IULV-CA y Portavoz del Grupo Interparlamentario Paz en el Sahara, se han desplazado al aeropuerto de Lanzarote para expresar su apoyo Haidar. “El gobierno español corre el riesgo de convertirse en un satélite de la política del gobierno marroquí, opresor del pueblo saharaui. No tiene sentido ?continúa García- que haya permitido a Haidar entrar en España sin pasaporte y ahora, no se le deje salir de España hacia su casa precisamente porque no tiene pasaporte”. “Estos hechos demuestran la urgente necesidad de que el gobierno de España cambie su política con Marruecos respecto al Sahara. Obligándole al cumplimiento de la legalidad internacional y terminando por el modelo actual. Con actitudes como esta, España corre el riesgo de ocupar una posición cada vez más desairada en la esfera internacional”.
El portavoz de Paz en el Sahara, Ignacio García, comparte la denuncia tanto de Aminatu Haidar como del Frente Polisario en la que se denuncia que “la retención es una operación concertada entre Rabat y Madrid y que supone una violación del Derecho Internacional”
