La delegación de Bienestar Social de Los Barrios, que dirige la concejal Pilar Olivares, ha dado a conocer el análisis de aplicación de la Ley de Dependencia en el municipio de Los Barrios desde que se puso en marcha en mayo del 2007
Desde este área municipal se han tramitado hasta mediados de este mes de octubre 676 solicitudes de ayuda al amparo de esta ley, un 3,07% de la población del municipio, que permite a los ciudadanos solicitar el reconocimiento de algún grado de dependencia para sí, o para familiares a su cargo, para tener acceso a alguna de las ayudas previstas por la nueva legislación.
De esta solicitudes, un total de 408 prestaciones, el 60% de las solicitudes de valoración, han sido las que se han aprobado desde de la delegación provincial, ayudas que han sido entregadas a los familiares y personas afectadas a través de la delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento.
El número de prestaciones económicas para el cuidado en el entorno familiar han sido 233 y ha tenido un coste de más de un millón setescientos mil euros. Por otro lado, el número de usuarios del servicio de ayuda a domicilio que han sido atendidos es de 65 y ha supuesto un coste de más de ciento cincuenta mil euros.
En total han sido más de 1.900.000 invertidos en las prestaciones económicas para el cuidado en el entorno familiar y en el servicio de ayuda a domicilio.
La concejal de Bienestar Social, Pilar Olivares, ha destacado el gran trabajo que realizan los técnicos municipales y ha mostrado su satisfacción de que muchas familias del municipio se hayan acogido a esta ley.
Los servicios sociales municipales son los que se ocupan de este cometido, pues como prevé la ley corresponde a los Ayuntamientos la tramitación de las solicitudes y facilitar también los servicios de primera atención. Los técnicos municipales, entre otras gestiones, se encargan de tramitar la solicitud de valoración de la dependencia, de la recogida de la documentación y el envío a la delegación provincial.
Una vez emitida la resolución de la valoración se realiza una propuesta individualizada de atención con el fin de acordar con el dependiente la prestación más adecuada para cubrir la necesidades en cada caso.
Para valorar la situación de dependencia de una persona existe un órgano valorador perteneciente a la administración autonómica que aplica un baremo establecido y dicta una resolución de grado y nivel de dependencia.
