Redacción | Los Barrios
El pasado mes de diciembre, el Tribunal Supremo avaló mediante sentencia firme la obligación de las compañías eléctricas de pagar las correspondientes tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, confirmando la validez de las ordenanzas fiscales de pequeños ayuntamientos como Villalpando en Zamora o Arteixo en La Coruña. El alto tribunal reconoce así la absoluta legalidad de estas ordenanzas, así como las tarifas resultantes de un informe técnico económico elaborado por la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) que ha sustentado el cálculo de dichas tarifas declarándolo justificado y conforme a Derecho.
La Ley Reguladora de las Haciendas Locales estableció en el año 2004 que las compañías eléctricas, las empresas de gas, de agua e hidrocarburos debían pagar a los municipios a los que suministren por aire, suelo o subsuelo un 1,5% de su facturación en el término local, y que también están obligadas a pagar por atravesar los municipios aunque no les suministren de manera directa. Desde entonces, las compañías eléctricas han litigado con los ayuntamientos para evitar el pago de estas tasas por considerarlas desproporcionadas. En contra del criterio de las empresas, el Supremo valida este gravamen, que se fija tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento si los bienes afectados no fuesen de dominio público, provocando así que sea más justa y adecuada para compensar el uso del dominio público por parte de las empresas y particulares.
Por todo ello, desde la formación morada se instará a que la Diputación de Cádiz, en defensa de los derechos e intereses de la provincia y de sus habitantes, lidere el asesoramiento a los ayuntamientos gaditanos para adaptar las ordenanzas municipales según lo recogido en estas recientes sentencias, y así conseguir un incremento en el margen recaudatorio que es a todas luces justo, máxime cuando son conocidos los enormes beneficios económicos que las eléctricas facturan año tras año.
Una propuesta que tendría un impacto positivo en la recaudación de todos los municipios de la provincia, proporcionando una mayor liquidez a las entidades locales sin tener que tocar el bolsillo de los ciudadanos. En tiempos de grandes sacrificios el reparto de la carga impositiva no es solo una obligación moral, sino de justicia social.
