Redaccion | Los Barrios
Hace unos días, el alcalde presentó ante un juzgado de San Roque una denuncia contra el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, el subdelegado en Cádiz, Agustín Muñoz, y el director de la Demarcación de Costas Andalucía Atlántico. Consideraba que podrían ser autores de unos delitos de prevaricación así como contra la protección del medio ambiente por la falta de actuación en la bocana.
“El Consistorio -ha señalado el alcalde- es el único que ha invertido 14.000 euros de dinero de los sanroqueños para abrir esa bocana, mientras el Gobierno de la Nación sigue mirando a otro lado. Pero sí actúa en otros municipios, como ocurrió en la desembocadura del río Salado, en Conil de la Frontera”.
Criticó también que el Gobierno “actúa en la regeneración de las distintas playas de la provincia, pero nunca tiene fondos y recursos para las de San Roque. No sé si será una coincidencia por existir aquí un gobierno socialista, o por algún impedimento legal, que no lo creo”.
En cuanto al informe de la Abogacía del Estado, apuntó Ruiz Boix que “la madre siempre va a decir que su hijo tiene razón, y en raras ocasiones creo que la abogacía del Estado contradiga cualquier iniciativa del Gobierno”. Según ha trascendido a los medios de comunicación, la Abogacía del Estado señala que el cierre de la bocana del río Guadiaro es un fenómeno natural, y que la muerte de peces por falta de oxigenación es una cuestión de carácter medioambiental. Por lo tanto, sostiene el documento, subsanar este problema corresponde a la Junta de Andalucía, al estarle cedida esta competencia en el Estatuto de Autonomía.
El primer edil también apuntó a “la casualidad” de que este informe se haya dado a conocer justo cuando el Ayuntamiento ha presentado su denuncia. “Según parece -dijo- estaba encargado hace dos años. Aún no nos han hecho llegar el contenido del mismo para poder estudiarlo, y seguramente poder rebatirlo”.
“Sigo recordando -recordó el alcalde- que el pasado año, en septiembre de 2016, Demarcación de Costas tuvo competencias para iniciar un expediente sancionador para tratar de castigar a los sanroqueños con una multa de hasta 300.000 euros. Dudo mucho de que quien tiene la competencia para sancionar no la tenga para realizar esa apertura del río Guadiaro”.
Además, en este sentido, la primera autoridad municipal considera que la desembocadura debe abrirse en su totalidad, y no sólo un tramo pequeño que permita la oxigenación. “De esa manera -apuntó-, se podría comprobar si de verdad el cierre de la bocana es natural y se va cerrando poco a poco. No recuerdo nunca en las últimas décadas haber visto libre el cien por cien de la bocana. Únicamente se abren 10 o 12 metros de anchura. Quizá sea por ese motivo que se vuelve a cerrar”.
El alcalde exige al Gobierno de España que ejecute obras demandadas por el Ayuntamiento y la ciudadanía en el municipio de San Roque. Recordó que “ahora se basan en un informe de la Abogacía del Estado, pero la realidad es que durante estos seis años no ha habido ningún tipo de actuación del Gobierno de la Nación en el municipio, en ninguna materia”.
Entre estos trabajos mencionó trabajos que corresponderían al Ministerio de Fomento en zonas como Puente Mayorga y Pueblo Nuevo. También recordó la demanda histórica de ejecutar, por parte del Ministerio de Medio Ambiente, la segunda fase del paseo marítimo de Torreguadiaro, entre otras. “No hay nada que ofrecer -sostiene Ruiz Boix- porque el Gobierno de España tiene marginado y castigado a San Roque durante seis años. Parece que así va a ser en los próximos dos años, en los que va a continuar el gobierno del Partido Socialista”, concluyó.
