José Antonio Ortega | Periodista y escritor
La semana pasada tuvimos conocimiento de otra decisión más del Juzgado de lo Social Único de Algeciras relacionada con el complicado embrollo laboral en el que el alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, como consecuencia de su ineptitud, irresponsabilidad e incompetencia, ha metido al Ayuntamiento. Hablo del auto que, como otros del mismo tenor, obliga al Consistorio barreño al pago, cuando menos, de los salarios de tramitación de varios trabajadores –ocho esta vez– pertenecientes al grupo de los ciento quince que fueron despedidos y cuyas plazas fueron amortizadas en febrero de 2012, hace ya algo más de tres años.
Noticia esta ante la que se puede decir que el señor Romero actuó prácticamente como si con él no fuera la cosa, enfrascado como está en la precampaña de las elecciones del próximo 24 de mayo. Aunque, eso sí, además de salirse por la tangente, no tardó nada en utilizar una nueva mentira en respuesta a las explicaciones que le solicitaron algunos medios, entre ellos este.
Y digo que mintió porque afirmó, entre otras cosas, que el Ayuntamiento recurriría dicho auto aun sabiendo que contra el mismo ya no cabe recurso. Como mintió, por ejemplo, cuando declaró hace solo unos meses en relación a este asunto que el Tribunal Supremo tardaría años en pronunciarse sobre estos despidos cuando la realidad es que no solo ya lo ha hecho, sino que incluso su resolución se va a hacer pública en cuestión de días. Igual que miente como un bellaco siempre que proclama que gracias a su gestión se ha logrado la estabilidad económica para las arcas municipales cuando la verdad es que ha conseguido justo lo contrario.
Tan es así, que precisamente el hecho de que ha conseguido justo lo contrario, esto es, el colapso inminente de la institución local, como consecuencia de los salarios de tramitación a los que –en virtud de la ejecución provisional de las sentencias que en primera instancia declararon nulos los despidos– habrá de hacer frente, sí o sí, aun en el más que improbable caso de que el TS resuelva en contra de los intereses de los trabajadores, es lo que explica que, a día de hoy, 30 de marzo, como el propio señor Romero ha reconocido públicamente, no esté aprobado el presupuesto municipal para 2015.
Me pregunto si, tanto como presume el actual alcalde de Los Barrios de valentía y transparencia, tendrá la decencia y los arrestos necesarios para decirles a los ciudadanos en los mítines de la nueva campaña electoral que se avecina que gracias a su magnífica labor no solo no se han resuelto los problemas laborales y económicos del ayuntamiento, sino que se han agravado escandalosamente. Y me pregunto si tendrá la decencia y los arrestos necesarios para aclararles que, tarde o temprano, la institución habrá de hacer frente a un desembolso de unos cuantos, y no pocos, millones de euros, en cumplimiento de todas las resoluciones judiciales pendientes.
Aunque el señor Romero pretenda dar lecciones a jueces y abogados con la prepotencia, la soberbia y la desfachatez que le distingue, la ejecución provisional de sentencia, como seguro que ya he afirmado desde este mismo espacio en alguna otra ocasión, es una prerrogativa a la que el trabajador tiene derecho, si lo pide, aun cuando dicha sentencia haya sido ya revocada.
Ahora bien, si la ejecución provisional, por mor de la ineptitud, irresponsabilidad e incompetencia del actual primer edil, está sumiendo en el caos al Ayuntamiento, imagínense la catástrofe que va a suponer para la institución que la Sala de lo Social del Alto Tribunal, como todo parece indicar, obligue en breve a la ejecución definitiva y los despedidos encima tengan que ser readmitidos.
En cualquier caso, lo único cierto hasta el momento es que el cerco se estrecha.
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