José Antonio Ortega | Periodista y Escritor
Como estamos a las puertas de una nueva y muy importante cita con las urnas, la del próximo 24 de mayo, y las expectativas no son nada buenas para el PP, el Ejecutivo de Rajoy ya se ha soltado el pelo, sin ningún complejo, y ha empezado a tomar alguna que otra iniciativa de carácter claramente electoralista. Entre ellas, la extensión nuevamente del derecho a la cobertura sanitaria a los inmigrantes sin papeles. Medida que me alegro mucho se haya adoptado y, por tanto, no voy a ser yo quien critique. Me parece que es de justicia que así se haga. Dice mucho de un pueblo y de su gente el trato que se brinda al foráneo. Y yo quiero pertenecer a un pueblo que se distinga por su espíritu solidario, su defensa de la paz y su hospitalidad.
No obstante, lo que sí me parece criticable, y sí que lo voy a criticar, es el cinismo y la demagogia con que los populares han tratado y tratan este asunto.
En 2012, el Gobierno, de la mano de su entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, aplicó toda una batería de recortes en nuestro sistema público de salud e incluso introdujo el copago. Se supone que por causa de la crisis y el excesivo endeudamiento. Aunque para explicar a los ciudadanos tales recortes el PP no se amparó tanto en dicha excusa –eso hubiera sido como disculpar en cierto modo al principal responsable de los problemas que tiene España, que no es otro que ZP– como en dos o tres ideas que propagaron, cual consignas, en todos los mentideros.
A saber, que nuestro sistema de atención sanitaria universal era y es económicamente insostenible; que la política desarrollada por los gobiernos del PSOE fue absoluta y totalmente errática; que los socialistas fueron culpables de promover el llamado turismo sanitario, altamente perjudicial para la economía de este país, y que en materia de sanidad, como en todo lo demás, también incurrieron en despilfarro.
Sin embargo, ahora, tres años después, resulta que la universalización de la atención primaria gratuita a inmigrantes no solo no pone en riesgo la sostenibilidad del sistema, ni acarrea un gasto tan excesivo que la administración no pueda asumir, sino que, incluso, es deseable y excelente. ¿En qué quedamos?
La cosa está clara: Rajoy y compañía mintieron en 2012. Pues, si no mintieron, y dijeron la verdad cuando afirmaron que nuestro sistema de atención sanitaria universal era insostenible y debía ser reformado, ¿para qué correr riesgos y volver a recuperarlo?
Tengo yo para mí que de aquí al 24 de mayo es probable que el ministro don Alfonso Alonso nos regale el oído con alguna otra nueva medida, de esas que los de su propio partido no dudan en calificar de populistas. Y tampoco me extrañaría absolutamente nada que antes o después del verano nos anuncie la puesta en marcha de un nuevo programa tipo cheque-bebé –similar al que en otro tiempo sus compañeros de filas tanto denostaron–, o algo así por el estilo, pensando en las generales.
En cualquier caso, no permitan ustedes que les llamen a engaño. Ni el Gobierno de Rajoy ni el PP han cambiado de opinión respecto a su concepción sobre la prestación de los servicios esenciales, qué cuidados ha de dedicárseles y cómo han de gestionarse, por muy socialdemócratas que se muestren de cara a las elecciones. Los populares son de los que piensan que cuanto menos recursos y menos esfuerzos destine el estado a sanidad, educación, dependencia, atención a la tercera edad, etcétera, mejor que mejor. Y razón no les falta. Aunque, eso sí, mejor sobre todo para quienes hacen de dichos servicios su gran negocio y no desean tener en un sector público útil y eficiente a sus competidores.
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