José Antonio Ortega | Periodista y escritor
En numerosas ocasiones hemos visto al alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, poner en entredicho las decisiones judiciales que señalan con el dedo su pésima gestión al frente del Ayuntamiento en materia laboral. No obstante, nada habría que objetar al respecto –pues tiene la misma legitimidad que cualquier otro hijo de vecino para opinar sobre la justicia y su funcionamiento–, si ahí se quedara la cosa. El problema, sin embargo, es que el señor Romero, como representante público que es, no solo menosprecia y se burla de las resoluciones de los jueces que no le son favorables, sino que, además, asume actitudes que rayan en el desacato. Y lo hace, para colmo, permitiéndose, con esa soberbia suya, ya de todos conocida, dar lecciones de Derecho –para algo cursó en su día los estudios de acceso a la Universidad destinados a mayores de veinticinco años aparte de leerse a Maquiavelo– como si fuera el más docto entre los doctos en cuestiones de jurisprudencia.
Pero, por si alguien alberga alguna duda, el hecho de que hasta mediados de julio no haya llevado a pleno los presupuestos de 2015, para no cumplir con los autos firmes y ya no recurribles que obligan al Ayuntamiento a la ejecución provisional de las sentencias que declararon nula la extinción de los contratos de los 115 trabajadores cuyas plazas fueron amortizadas en febrero de 2012, puede considerarse buena prueba de lo que digo.
Y es prueba de cuanto digo también que finalmente, después de las elecciones, haya llevado a pleno dichos presupuestos con una ridícula e insignificante partida, que no da ni para saldar una décima parte de lo que se les adeuda a dichos trabajadores en concepto de salarios de tramitación, mientras presume de superávit, escudándose como se escuda en una supuesta falta de información sobre la cuantía a la que el Ayuntamiento tiene que hacer frente, cuando resulta obvio que dicha información obra en poder de la institución, entre otras razones porque figura en todos los requerimientos judiciales que le han sido notificados.
No ha de olvidarse que por dos veces convocó el alcalde de Los Barrios sesiones de pleno de carácter extraordinario en julio y agosto del pasado año y por dos veces, con los votos de PA y PP, consiguió que se rechazase modificar el presupuesto entonces en vigor para incluir en el mismo el abono de dichos salarios –por aquellas fechas más de cinco millones de euros–, haciendo oídos sordos a las exigencias del Juzgado de lo Social Único de Algeciras. Y, aun así, todavía tiene la desfachatez de declarar que el equipo de gobierno que preside desconoce a cuanto asciende el desaguisado que para el Consistorio va a suponer pagar a los despedidos. Aunque tampoco me extraña, teniendo en cuenta las muy escasas virtudes que exhibe la nueva concejal delegada de Economía y Hacienda para efectuar “cálculos aritméticos” y otros menesteres de su cargo.
Quizá ustedes no piensen igual, pero, en opinión de quien les escribe, lo que acaba de hacer una vez más Jorge Romero esta semana es volver a mofarse de la autoridad judicial y, de paso, seguir engañando a los ciudadanos en lo que se refiere al tema de unos despidos que, como el tiempo y, sobre todo, los tribunales se están ocupando de demostrar, fueron a todas luces arbitrarios e ilegales.
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