J. A. Ortega | Periodista y Escritor
Esta semana hemos tenido conocimiento de una noticia un tanto sorprendente y desconcertante para quienes residimos en Los Barrios y estamos interesados y pendientes de su día a día. La exinterventora municipal parece ser que está siendo investigada por una presunta estafa a la Seguridad Social como consecuencia de una denuncia presentada contra ella por el alcalde, Jorge Romero, y basada en la grabación ilegal de una conversación telefónica con la susodicha realizada por el propio primer edil barreño. Un suceso este que no se entiende si no se contextúa adecuadamente.
La razón de que la primera autoridad municipal haya facilitado dicha grabación a la justicia es debida a que la exinterventora denunció previamente a Romero por presuntas ilegalidades en los supuestos nombramientos arbitrarios de trabajadores para el desempeño de puestos que solo pueden ocupar funcionarios de habilitación nacional y presuntas irregularidades en el pago a proveedores que han podido causar grave quebranto a las arcas locales. Es decir, estamos ante un caso en el que la denunciante de posibles malas prácticas en una administración pública como lo es el Ayuntamiento de Los Barrios –la exinterventora– es denunciada a su vez por el denunciado –Jorge Romero– como parte de la estrategia de este para defenderse de los delitos que se le imputan. Y estamos también ante una sospechosa trama con tintes pseudomafiosos –no de otro modo se puede calificar la actitud del alcalde de Los Barrios de grabar conversaciones privadas– teniendo en cuenta lo que ha trascendido y lo que no ha trascendido a través de la prensa.
Es curioso, pero nadie que conociera la relación de aparente cordialidad y camaradería que la exinterventora y Romero mantenían mientras el hoy alcalde estaba en la oposición habría podido imaginar una ruptura tan traumática entre ambos y un desenlace con litigio judicial de por medio. Así que bien haría el señor Romero –en aras de la transparencia de la que tanto presume– explicar todo el asunto con mayor claridad a la ciudadanía, en lugar de enturbiarlo todavía más.
No obstante, el hecho de que la exinterventora haya podido cometer una supuesta estafa a la Seguridad Social y haya sido denunciada por el primer edil de Los Barrios no ha de desviar nuestra atención sobre lo esencial de la cuestión. La realidad es que el señor Romero está siendo investigado. Y lo está siendo, como señalábamos antes, por presunta vulneración de la legalidad en el nombramiento de funcionarios para puestos de habilitación nacional y por posibles irregularidades de mucho calado en el pago a proveedores. La circunstancia añadida respecto a la honradez y la honestidad de la exinterventora no implica que lo que esta ha contado ante la fiscalía y el juez sobre los mencionados nombramientos y sobre el pago a proveedores no sea verdad. Más bien nos induce a pensar todo lo contrario. A fin de cuentas, si la exinterventora del Ayuntamiento de Los Barrios no es de fiar –y conste que no lo afirmo–, resulta bastante evidente que alguien que se dedica a grabar las conversaciones telefónicas con personas de su entorno no lo es menos.
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