J. A. Ortega | Periodista y Escritor
Aunque debía haber realizado esta reflexión escrita mucho antes, la caída de la palmera que hace dos semanas produjo daños considerables en dos vehículos estacionados en la avenida Antonio Machado de Los Barrios, y que podría haber ocasionado alguna desgracia aún mayor, me sirve de buen pretexto para llevarla a cabo ahora. Me da pie, en definitiva, que es lo que busco, a decir lo que quería haber dicho, y no dije, meses atrás, con motivo del archivo de la causa penal abierta por el accidente que en diciembre de 2012 tuvo lugar en el pabellón deportivo de Palmones y que costó la vida a una niña de apenas cinco años.
Me sorprendió mucho, y me indignó también, todo sea dicho, la resolución adoptada por la Audiencia Provisional en torno a este asunto, en contra de lo dictado por el Juzgado de Instrucción nº 4 de los de Algeciras. Sostener como sostuvo este órgano en su fallo de junio de 2016 que el suceso que provocó el fatal percance mencionado era imprevisible me parece un despropósito, por no decir una canallada. No porque dicha afirmación esté falta de razón y fundamento, pues es verdad que todo accidente es más o imprevisible, aunque algunos más que otros, sino porque, si se conocen todos los detalles y las circunstancias que rodearon la tragedia, la conclusión a la que obligada y necesariamente se llega es justo la contraria a la que llega la Audiencia Provincial. Esto es, que el incidente que causó la muerte de la pequeña hace casi cuatro años en el pabellón deportivo de Palmones se podía haber evitado. Se podría haber evitado, en efecto, si al frente del Ayuntamiento hubiéramos tenido unos representantes públicos dedicados con más escrúpulo y tesón a sus deberes y a su labor como tales en vez de a venderse a través de los medios.
No hay que olvidar que el accidente del que hablamos se desencadenó como consecuencia de la presencia de un objeto pesado, una barra móvil de bar, en una instalación deportiva municipal en la que no debía de haber estado nunca, y menos aún sin ningún tipo de anclaje. Asimismo, no hay que olvidar que dicha instalación deportiva –que ni siquiera estaba cubierta por una póliza de seguro– se encontraba en cierto modo abandonada a su suerte porque no estaba siendo atendida ni vigilada por ningún empleado municipal que se ocupara de dichas funciones. Y, lo que es más importante, tampoco se ha olvidar, porque esto es lo grave, que esta instalación deportiva municipal –y subrayo lo de “municipal”– era utilizada con frecuencia para actividades en la que participaban grupos de niños.
Es obvio que si esa barra, de cuyo coste cero –¡qué cruel ironía– presumían el señor Romero y sus compañeros de filas, no hubiera estado en el pabellón, o al menos hubiera estado colocada en un sitio más adecuado y debidamente anclada, la probabilidad de que tan triste accidente ocurriera, como finalmente ocurrió, habría sido mucho menor o prácticamente nula.
Yo no estoy diciendo que por este hecho tendrían que ser condenados a penas de cárcel el alcalde de Los Barrios y el presidente de la junta de distrito de Palmones, porque pienso que eso sería totalmente injusto y desproporcionado, pero sí creo que son merecedores de un mayor escarmiento. Quienes ostentan los máximos cargos en nuestra administración local son responsables, por acción u omisión, o deberían, de lo que pasa en relación con instalaciones que pertenecen al Ayuntamiento y de cuya gestión –cuidado, custodia y mantenimiento– han de ocuparse. Entre otras razones, porque para eso cobran. Y lo cobran, por cierto, bastante bien.
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