José A. Ortega | Periodista y Escritor
Creo que ha llegado el momento de que la oposición al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Los Barrios tome de una puñetera vez cartas en el asunto y ponga freno a tanta estulticia institucionalizada en la persona del actual alcalde. Aunque mucho me temo que no va a ser así. Por responsabilidad, por vergüenza y por sentido común los representantes de PSOE, PP, PIBA y LBSSP deberían hacer lo humanamente posible, y hasta lo imposible, para impedir que el señor Romero haga otra más de las suyas.
Como la ignorancia es muy osada, y el tipo, además, está pésimamente asesorado –o, lo que es peor, no se deja asesorar siquiera, y cuando se deja, no lo hace recurriendo a los funcionarios habilitados para ello, sino a personal externo–, tiene la cara dura de anunciar a bombo y platillo eso de que va a reclamar al Ministerio de Justicia 9 millones por el coste de la fracasada amortización de plazas que llevó a cabo hace seis años para echar a la calle a 115 trabajadores con una mano delante y otra detrás. Sí, han leído bien: reclamar al Ministerio de Justicia 9 millones de euros. Iba a decir a continuación eso de que una muestra de idiotez mayor ya no cabe. Pero, lamentablemente, en el caso que nos ocupa, seguro que sí. El susodicho, en cada envite, se supera a sí mismo. Me viene a la memoria, por ejemplo, el día que en una sesión de pleno se le ocurrió sacar a colación la historia de la Doctrina Parot para proclamar otra tontería de las suyas sobre el desenlace que finalmente han tenido estos despidos.
Para formular la mencionada reclamación, se basa el tío, fundamentalmente, en el cambio jurisprudencial asumido por el Tribunal Supremo en virtud del cual los despidos efectuados en febrero de 2012 han sido considerados nulos. Se ve que el garrulo no se entera o no quiere enterarse. Por mucho que se le explique no le entra en la mollera que una de las funciones principales del alto tribunal es la de casación: esto es, resolver controversias en cuanto a la interpretación de la legalidad existente y sentar doctrina. Sin esta función, la jurisprudencia no podría corregirse ni mejorarse y, por tanto, cualquier criterio doctrinal injusto se perpetuaría.
Si cada vez que el Supremo revisa y modifica su jurisprudencia para aplicar la ley y hacer justicia, la parte perjudicada por dicha modificación en un litigio tuviera derecho a ser resarcida, nuestro sistema judicial se iría al carajo, así como suena, y la partida correspondiente de los presupuestos del estado se nos iría por las nubes.
Imaginemos por un momento una situación inversa a esta que sirve al señor Romero para dar lecciones de avezado jurista sin tener ni pajolera de lo que habla. Imaginemos que los trabajadores despedidos del Ayuntamiento hubieran ganado el pleito ante el TSJA, como lo ganaron en primera instancia, pero sus sentencias hubieran sido revocadas desde Madrid, como consecuencia de un cambio doctrinal asumido por el TS estando pendientes de resolución los recursos de casación promovidos por el Ayuntamiento. ¿Estarían en tal caso los ciento quince empleados municipales legitimados para exigir al Ministerio de Justicia o al Consejo General del Poder Judicial el puesto de trabajo perdido o el equivalente en términos pecuniarios? Obviamente no. Supongo que se dan cuenta de que la cosa suena hasta ridícula. Pues eso.
Pero, como lo dicho hasta aquí no es todo, vamos a pasar ahora a valorar el otro peregrino argumento en el que se apoya el actual alcalde de Los Barrios para dar apariencia de fundamento a una iniciativa la suya que solo lo tiene en parte. El perjuicio ocasionado al Consistorio por la tardanza en la que ha incurrido la administración de justicia.
En lo que se refiere a este asunto, en efecto, podría no ir mal encaminado del todo el señor Romero, si no fuera porque ha sido él, y exclusivamente él, eso sí con la complicidad de sus compañeros de grupo y el Partido Popular, quien ha alargado el proceso recurriendo incluso cuando ya no había lugar a recurrir y gastándose de las arcas de la hacienda local cientos de miles de euros en abogados.
Sí, señoras y señores, Jorge Romero se nos ha vuelto a mostrar una vez más tal como es: un individuo muy falto de formación y de conocimiento y muy sobrado de soberbia, que es lo más grave, siendo como es un cargo público. La rueda de prensa de ayer se puede considerar como otra de sus habituales mamarrachadas. Una más que sumar a su penoso y deprimente currículum. Es la guerra, traed madera, que diría Marx. No Karl, sino Groucho…
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