Rafael Fenoy Rico | Secretario de Comunicación Educación de la Confederación General del Trabajo (CGT)
El sano juicio indica que la salud es el mayor bien que puede disfrutar cualquier persona. El mantenimiento de la vida saludable se convirtió desde el inicio de la experiencia comunitaria humana en el motivo principal de ella. Mantener la vida ayudándose, cooperando unas personas con otras para el sostenimiento del Clan, la tribu, la ciudad…
Normalmente, durante muchos años de la vida de cada persona, la salud no supone preocupación alguna. Afortunadamente las medidas profilácticas (preventivas), tanto en la alimentación, vestido, materiales, objetos y edificios permiten no correr riesgos de contagios de enfermedades o sufrir accidentes. Mucho se ha recorrido en esta materia aunque la presencia constante de la enfermedad y la muerte impulsan a la humanidad hacia mayores acciones para evitar las primeras y retrasar lo más posible la segunda, al mismo tiempo que revestirla de la dignidad necesaria.
A lo largo del siglo pasado se crearon los sistemas de salud publicas en Europa. Y desde ese momento parecía que el derecho a la salud de las personas estaba garantizado. No obstante la complejidad de las respuestas sanitarias ha generado una mayor amplitud de servicios. En Andalucía estos servicios han ido sufriendo un deterioro importante, en el Campo de Gibraltar mucho más. Para salvaguardar el derecho a la salud toca denunciar la política de recortes, privatizaciones y precarización del empleo, en este ámbito tan importante para el bienestar de la ciudadanía.
Profesionales destinados a este territorio se encuentran con unos centros sanitarios en circunstancias más deficitarias que en otros lugares de la provincia. Mayores ratios de pacientes, mayor rotación de profesionales que impide un seguimiento adecuado de la atención sanitaria y médica, mayores tiempos de espera para realizar pruebas diagnósticas, reducción grave de personal, no sustituciones de bajas y permisos…. Un rosario de desatenciones injustificables no sólo por los recursos impositivos que recaudan las administraciones públicas, sino por el agravio comparativo con las otras zonas sanitarias de la provincia.
Y entre mareas blancas y operaciones escobillas quienes padecen pacientemente las deficiencias del deteriorado sistema público de salud van decidiendo hacer patente su malestar manifestándose, denunciando, reclamando… Más aún cuando en el hogar se padecen enfermedades incurables, llamadas eufemísticamente “raras” como el ELA, que no admite consuelo ni justificación por los escasos recursos que los gobiernos de un signo o de otro dedican a la investigación.
Se requiere urgentemente la homologación sanitaria y un medio ambiente saludable para que las gentes de este territorio al menos tengan las mismas expectativas de vida que el resto de la ciudadanía del País.
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