Rafael Fenoy Rico | Secretario de Comunicación Educación de la Confederación General del Trabajo (CGT)
Tema complejo de por sí ya que quienes se dedican a esto de la política confían ciegamente en el libre mercado. Por eso lo fácil, lo simple, se hace dificultoso, complicado, endiabladamente tortuoso. Y es que cuanto más incompresible sea para el pueblo, mejor para ellos. Por eso son inteligentes y dan lecciones al populacho para que todos entiendan que sólo sus mentes privilegiadas pueden resolver el galimatías por ellos mismos montado. Un timo más de la inmensa cadena timadora a la que someten a los pueblos utilizando a su antojo leyes y administraciones publicas.
En el asunto de la estiba, actividad portuaria que permite la carga y descarga de mercancías de los buques, de manera ordenada y conforma a reglas de seguridad estrictas, tanto para prevenir accidentes de personas, como garantizar una segura travesía, el Estado lo fue todo, hasta no hace mucho. La regulación como servicio público garantizaba que en los puertos del Estado el trasiego de mercancías estuviera garantizado. Al mismo tiempo las personas trabajadoras del sector de la estiba conseguían a fuerza de bregar mejores condiciones laborales y contractuales. En estos momentos, con el sector totalmente privatizado, se antoja imposible reconducir un enfrentamiento que está servido, desde que la Unión Europea aprobó la directiva comunitaria remachada por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2014.
De las cuatro partes intervinientes: Estado, trabajadores agrupados en las sociedades privadas de la estiba, empresarios del sector portuario y la sufridora sociedad a la que invoca por parte de todos los anteriores, solo los empresarios tienen buenas perspectivas, ya que la desaparición del status monopolístico que actualmente tienen las sociedades de trabajadores les beneficia. Podrán mediante aquello del juego de oferta-demanda, y contando con que muchas personas podrán acceder al trabajo, hoy restringido a un colectivo muy delimitado, bajar los costes laborales de las tareas de estiba. Y hacen las cuentas del Gran Capitán diciendo que por los puertos se mueven 200.000 millones de euros anuales y si se para la actividad las perdidas serían de 50 millones diarios. Basta hacer una sencilla cuenta, y el resultado de dividir 200 mil millones de euros entre 365 días, para que las pérdidas sean no de 50 sino de más de 500 millones.
Los trabajadores actualmente parten de una posición envidiable para cualquier colectivo laboral. Que ¡oiga! esto no quita ni pone nada al conflicto, desde una perspectiva objetiva. Evidentemente perderán. Pero pueden perder menos si el Gobierno del PP matiza el alcance del decreto que impondrá, reconociendo la especial preparación del personal activo actualmente y poniendo las condiciones necesarias para que quienes accedan desde hoy a estas tareas estén especializados mediante una FP reglada (hace 15 años CGT lo propuso) con preparación más que sobrada para el desarrollo de la actividad segura en todos los conceptos. Europa evidentemente en esto de la seguridad nada tendría que objetar. Por otro lado, leyes complementarias pueden ayudar a hacer comprender al empresariado que opera en los puertos españoles la conveniencia de contar con personal con conocimientos del entorno y manejo exquisito de la lengua (fuente esencial de seguridad en la comunicación) por ejemplo. Si se quiere SE PUEDE, La pelota está en el tejado del Gobierno que debe, por la cuenta que le trae, redondear el cuadrado y hacer posible lo necesario.
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