Rafael Fenoy Rico | Secretario de Comunicación Educación de la Confederación General del Trabajo (CGT)
¡Que si!, Que ya se sabe aquello de la independencia de los poderes del estado democrático. En los libros de teoría política, el triangulo formado por los clásico poderes legislativo, ejecutivo y judicial aparece nítidamente marcado. Y todo porque se supone que quienes gobiernan no lo hacen motu proprio por el bien del pueblo. Y ¡claro” debe haber otros poderes que atemperen las ansias desmedidas de “ponerse las botas” a fuerza de robar todo lo que se pueda, si es público mejor. Aunque han descubierto que se puede robar a otros y el Estado correr con los gastos.
La jueza Alaya hace escasos días se ha despachado a gusto en la Facultad de Derecho de Granada, en el desarrollo de una conferencia organizada por el Foro para la Concordia Civil, con el sugerente título «La independencia judicial en una sociedad democrática».
Las escandalosas verdades que pronunció se quedarán en un momento de lúcida crítica que en nada afectarán al orden establecido ya que las conclusiones se formulan desde premisas estériles si de transformar este tortuoso mundo de la política se trata. Porque al final todo está en manos de políticos. Después de la muerte de Francisco Franco, Caudillo de España por la gracia de Dios, el poder monolítico ejercido por una oligarquía de grandes banqueros, grandes familias y factótums del régimen, tenía que cambiar de forma para que todo cambiara sin cambiar nada.
Y llegan los partidos políticos y los políticos primerizos que en ellos se embarcan y reman prudentemente, despacito, casi sin dejar ondas en el agua de torrenteras por donde transitaba las ansias de libertad de un pueblo al que se le prometía todo después de 40 años de dictadura. Y poco a poco fueron invadiendo todos los espacios que el poder oficial iba dejando vacios, primero con la UCD y después con el PSOE que consumó el mapa autonómico actual, en el que florecieron sillones a miles para la casta política y se multiplicaron por 17 los poderes ejecutivos y legislativos.
Pero eso sí sin dejar que el poder judicial campara por sus respetos. Y en la constitución ya se consumó el modelo que permite que la política mangonee los tres poderes, sin que pueda existir independencia alguna.
Podría haberse optado por una división real, dejando al estamento político sólo la llave del poder legislativo, que es el único que se elige en las urnas. Y con una buena administración pública profesionalizada ¿para qué políticos en el ejecutivo? Que sea el parlamento quien dirija a las administraciones mediante las leyes, que eso es lo que debe imperar en un “Estado de Derecho”. La Justicia profesionalizada, preparada y ajustándose a las leyes del legislativo no requeriría de mayores cuidados. Pero eso no sucedió y ahora jueces y fiscales manifiestan amargamente las constantes injerencias en sus actuaciones de la política, de sus jefes políticos.
Por eso a la Jueza Alaya se le ocurre en este maltrecho panorama que sólo las acusaciones populares pueden salvar a la justicia. Animando a que se utilicen y que se les facilite medios económicos para poder ejercerlas de verdad. Estaría bien una reforma fiscal para que todos los dineros que la ciudadanía invierte en acusaciones populares pudiera desgravarse del IRPF.
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