Patricio González | Escritor y Analista
La exoneración masiva en la justificación de las ayudas a la formación aprobada por la Junta de Andalucía en 2012 incluyó a 16 de las empresas investigadas en el caso EDU, consideradas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policia Nacional (UDEF) sociedades “cazasubvenciones”, y que habrían incurrido en numerosas irregularidades en la gestión de los fondos públicos para la formación de desempleados en Andalucía.
La Fiscalía de Málaga señaló en mayo pasado que se habían detectado irregularidades en 17 de las 20 entidades favorecidas por las ayudas de dicha convocatoria. Todas ellas fueron, además, exoneradas por el Ejecutivo andaluz y no tuvieron que justificar el dinero percibido.
El total de los fondos exonerados de aquella convocatoria asciende a 1.620.468,75 euros, casi el 100% del dinero otorgado. Es decir, se prescindió de la justificación de las ayudas casi por completo y se volvieron a conceder otras nuevas.
Algunas de estas sociedades se habían creado, además, apenas unos días antes de la percepción de las subvenciones, e incluso las hubo que no estaban dadas de alta en la Seguridad Social en la fecha en la que se otorgaron las ayudas.
Más de la mitad de las empresas beneficiadas en esa ocasión, asimismo, se dieron de baja en la Seguridad Social nada más terminar el periodo ejecutivo de la resolución que otorgaba las ayudas, o incluso antes de que éste finalizase. Otras dejaron de existir tras el cobro de los fondos públicos.
Es decir, hubo sociedades que se constituyeron únicamente para cobrar las ayudas y desaparecer después, y que además fueron exoneradas por el propio Gobierno andaluz de justificar en plazo el dinero obtenido.
Entre las empresas investigadas creadas días antes de la percepción de las subvenciones y que no tuvieron que justificar el dinero figura la Asociación Axarquía de Formación y Empleo (60.390 euros),Actuaciones Formativas S.L. (63.341,25 euros), Centro de Formación Gasset (79.950), Centro de Formación Profesional Feijo (131.625 euros), Formación e Inserción Málaga (60.390 euros), Formación Hostelera del Sur (79.920), y Jobesa S.C.(75.060).
Más llamativo es aún el caso de las empresas que ni siquiera estaban dadas de alta al concedérseles las subvenciones, y que se dieron de alta tras su publicación. A pesar de ello, obtuvieron las ayudas y, dos años más tarde, el Ejecutivo andaluz renunció a que justificasen en plazo el dinero, incorporándolas al listado de exoneraciones de 2012 hecho público ahora. Es el caso de Carpintería Vázquez Flaquer(98.400 euros), o de la Asociación de Empresarios y Profesionales Valle del Guadalhorce (98.940) y de María Luz Villa Suárez(70.822,5).
La Udef ha detectado, incluso, que algunas de las empresas investigadas subcontrataron irregularmente las subvenciones adjudicadas, y que llevaron a cabo facturaciones circulares entre sociedades pertenecientes a las mismas personas o su entorno. El Grupo Alce Formación (98.940 euros), Proyectos Puerta Blanca S.L. (64.260) o Miguel Ángel Ruano Ruano (79.950) son algunos casos de este tipo de prácticas.
Algunas de estas entidades fueron exoneradas de justificar fondos de otras convocatorias de los años 2009, 2010 y 2011, según consta en el listado hecho público por la Junta.
Ahí tienen ustedes los datos. Estos son quienes nos gobiernan.
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