Los citados delitos tienen su origen en decisiones adoptadas por el primer edil nada más tomar posesión de su cargo en junio de 2011 que afectaron a determinados trabajadores de la plantilla municipal con conocida militancia en la agrupación socialista barreña.

Dichas decisiones fueron adoptadas de forma arbitraria, incluso a sabiendas de su ilegalidad, sin motivación, causa objetiva y legal alguna, con un absoluto desprecio a los derechos fundamentales reconocidos en la constitución y en la legislación aplicable, atentando contra la dignidad personal de los trabajadores afectados, como así lo reconoce sentencias firmes ya dictadas en tal sentido por el Juzgado de lo Social.

En la denuncia se acusa a Romero de represaliar a empleados con más de 20 años de servicio en el Ayuntamiento por el hecho de estar afiliados al PSOE y vulnerar, por tanto, los derechos fundamentales referidos a la libertad ideológica, la libre asociación, afiliación y pertenencia a un partido político así como la participación activa en el mismo.

También se acusa al alcalde andalucista de desobediencia a la autoridad judicial por no haber dado cumplimiento hasta la fecha a las sentencias firmes dictadas por el Juzgado de lo Social de Algeciras, en noviembre de 2011, que obligan a restituir en sus respectivos puestos tanto al trabajador que hasta el 13 de junio del pasado año desempeñaba la función de secretario de alcaldía como al que hasta esa misma fecha desempeñaba la función de jefe de prensa de la institución municipal.

Los socialistas recuerdan que los citados delitos pueden acarrear penas de inhabilitación de 7 a 10 años para cargo público, sanciones económicas y, si da el caso, incluso prisión.