Hay muchas familias que pusieron un móvil en la mano de sus hijos cuando pasaron al instituto. ¿Las razones? Entre la presión social, que cuenta, y mucho, porque a esa edad ya son muchos los niños que manejan smartphone propio, y la necesidad, porque ese paso de nivel implica un plus de libertad y a los padres nos da vértigo soltar la cuerda sin tener un seguro de conexión.
Y cierto, hay un antes y un después, en muchos sentidos. Entre otras cosas, han perdido capacidad de atención hasta para ver una simple película o, más sorprendente aún, un partido de fútbol pese a ser tremendos futboleros.
Por eso me identifico plenamente con la ola de inquietud sembrada en las familias de media España, un runrún colectivo que clama a gritos la necesidad de regular su uso en manos de adolescentes. No se trata de ponerle puertas al campo ni de cercenar a los nativos digitales un instrumento que, ojo, bien usado, es un filón de oportunidades, pero no podemos obviar que estos aparatos son también una ventana a la pornografía, al ciberacoso o a patologías vinculadas a la salud mental o a adicciones.
No es fácil meterle mano al asunto, pero de entrada me suena bien esa música de empezar a regular su uso en los institutos. El móvil en ciertos entornos se convierte en un obstáculo y hay que ponerle límite. Prohibir su uso per se, fijando como límite una edad concreta, puede ser excesivo, cuando no inviable, pero sí se podrían fijar otro tipo de controles, que pasarían, por ejemplo, por cortarle un poco las alas a las grandes compañías del sector, que se frotan avariciosamente las manos ante tanta presa fácil, frágil y rentable para sus malditos algoritmos.
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