La resolución del Juzgado de lo Penal considera que existió una posible desobediencia por parte del alcalde, Alonso Rojas, al no atender oportunamente el pago de una Sentencia Contencioso-Administrativa a favor de la citada empresa.
Al no ser firme esta resolución, el Ayuntamiento acudirá a la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras, a los efectos de clarificar definitivamente esta cuestión, ya que este asunto, ha sido utilizado como instrumento político para desacreditar la gestión de Alonso Rojas.
La sanción a la que apunta la resolución que se recurrirá podría ascender a una multa de 726 euros y la posibilidad de un período de seis meses de inhabilitación. Rojas confía plenamente en la resolución definitiva de esta cuestión y en la valoración que de la misma realice la Audiencia Provincial. Asimismo, mantiene su interés por llegar hasta el fondo de este asunto. Esta elevada deuda, a la que se hace mención en la citada resolución, fue contraída con anterioridad a su mandato y careciendo de consignación presupuestaria.
Aún así, ha sido Alonso Rojas quién ha satisfecho esta deuda y abonado hasta la última de las cantidades exigidas por la sentencia favorable a Dytras, conforme la disponibilidad económica del Ayuntamiento así lo ha permitido.
Esta resolución y la sanción que se propone, viene al hilo del debate planteado, a nivel nacional, respecto de la financiación de las administraciones locales y su falta de recursos financieros ante, una cada vez mayor, atribución de servicios ciudadanos. Una tesis como la que propone la resolución supondría la inhabilitación de la gran mayoría de los alcaldes de España.
La razón de ser de este recurso no es tanto por la sanción que se propone, sino por cuanto, resulta desagradable que en un momento donde se vienen destapando escándalos urbanísticos en muchos Ayuntamientos, se trate de sancionar a aquellos alcaldes a los que únicamente se les puede reprochar la falta de recursos con que se dota a la Institución.
