Estas medidas se contemplan en el Borrador del Plan Ambiental Agenda Local 21, que se encuentra hasta final de agosto en la Gerencia de Urbanismo (Plaza Espartero) para consulta de los vecinos, que pueden introducir alegaciones. Para su ejecución, se han previsto cuatro proyectos concretos que, una vez ratificado definitivamente este Plan por el Foro Ciudadano que lo formuló, deberían ser aprobados en plenos de la Corporación.
Estos cuatro proyectos, que podrían ejecutarse en un plazo máximo de cuatro años y con un coste global máximo de 260.000 euros. Aunque la mayor parte de este dinero deberían aportarlo la gestora del agua en San Roque (la empresa comarcal Arcgisa), Junta de Andalucía, el Ayuntamiento e incluso a los vecinos infractores, se proponen fuentes de financiación alternativas, como los Fondos de Cohesión de la Unión Europea, el Ministerio de Medio Ambiente y la Agencia Andaluza del Agua.
En el Borrador del Plan Ambiental se recogen estos cuatro proyectos en el programa 3.1, titulado “Mejora del ciclo integral del agua”. En su introducción se recuerda que el municipio de San Roque se suministra de agua desde los embalses de Guadarranque y Charco Redondo, que luego se potabiliza en las plantas de tratamiento de Castellar, San Roque y “El Cañuelo”.
“El actual sistema de abastecimiento ?indica el documento- presenta problemas de regulación y gestión de recursos para el 86% de la población, a pesar de que los recursos son suficientes”. Además, “la red de saneamiento es unitaria, ya que recoge aguas tanto pluviales como residuales, e incluso las procedentes de las industrias (una vez tratadas)”.
San Roque, como otros municipios de la zona, cuenta con numerosas depuradoras pequeñas (dos de ellas fuera de servicio), aunque en el documento se recomienda su sustitución por menos estaciones pero de mayor tamaño y con tecnología más moderna que permita su reutilización para el riego.
Ya en cuanto a los proyectos concretos, el primero se centra en la red de abastecimiento, tendría un coste de entre 50.000 y 100.000 euros que debería ser asumido por Arcgisa, si bien se sugiere pedir subvenciones a la Agencia Andaluza del Agua o Fondos de Cohesión de la Unión Europea. El plazo de ejecución sería de tres años.
Entre los problemas detectados, está que se factura sólo el 56% del agua suministrada, mientras que el resto se pierde por fugas en la red o por mala gestión. De esta manera, los ingresos no cubren los costes de explotación del servicio.
Para remediar esta situación se propone “sustituir los tramos de la red de abastecimiento que se encuentran en mal estado o introducir mejoras para reducir pérdidas”. También recomienda la realización de análisis de la calidad de las aguas y la difusión entre la población de una guía de buenas prácticas ambientales en el uso del agua.
El segundo de los proyectos pretende acometer la “Mejora de las deficiencias del sistema de saneamiento”. Tendría un coste de más de 100.000 euros, que debería ser asumido por Ayuntamiento, Ministerio de Medioambiente y Fondos Europeos, con un plazo de ejecución de cuatro años.
En su exposición, se propone “introducir en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) el tratamiento terciario para que las aguas puedan ser aptas para el riego”, así como “crear una nueva EDAR o ampliar la ya existente”. También “desarrollar un programa de riego eficiente en parques, jardines y campos de golf, introduciendo agua depurada”.
Asimismo, se considera clave “dotar a la red de saneamiento de un sistema separativo de la recogida de aguas pluviales en las zonas donde sea más necesaria y en lugares de nueva creación o en crecimiento”.
Para controlar todo el proceso, se propone crear una “Mesa de Control de Vertidos”, en la que participen industrias, Ayuntamiento, Arcgisa, ecologistas y asociaciones de vecinos.
El objetivo final sería “reducir el 55% de los vertidos incontrolados a la Bahía”, para lo que también se recomienda llegar a acuerdos con las industrias para la reducción aún mayor de sus emisiones, así como estudiar los índices biológicos de invertebrados en los ríos y arroyos, para conocer su calidad ambiental.
El tercer proyecto se centra en acometer el problema de los pozos negros y tendría un coste bajo, de menos de 10.000 euros, ya que se trata de tecnologías de bajo presupuesto y que deberían ser pagadas por los propietarios, si bien se podrían buscar subvenciones para este fin o financiar estas acciones a bajo interés.
Se propone, en primer lugar, localizar las fosas sépticas en mal estado y los pozos negros, para lo cual habría que aumentar la plantilla de Policía de Medio Ambiente. Tras exigir a los denunciados que acrediten que el mantenimiento de sus fosas sépticas lo realizan gestores autorizados, se proponen multas o la introducción de medidas correctoras por los infractores.
Finalmente, el cuarto proyecto se refiere a la modernización de los sistemas de riego de parques y jardines, campos deportivos y zonas agrícolas. Tendría un coste de entre 10.000 y 50.000 euros, que debería ser asumido en su mayor parte por la Junta de Andalucía, si bien el resto correspondería al mismo Ayuntamiento. El plazo de ejecución sería de sólo un año.
En primer lugar, se propone la sustitución de los sistemas de riego por otros más eficientes, además de instalar contadores en bocas de riego y difundir las buenas prácticas en el sector agrícola. También se insta a revisar el sistema de tarificación de agua, bonificando a los que reduzcan el consumo y penalizando el consumo excesivo.
Además, que se apruebe una Ordenanza Municipal para que las técnicas de ahorro sean obligatorias en los inmuebles de nueva construcción, en los edificios municipales y parques y jardines (tanto públicos como privados). Finalmente, se propone la puesta en marcha de campañas de sensibilización.
El Plan de Acción Ambiental es un documento técnico, pero se ha hecho un esfuerzo especial en hacerlo entendible por toda la población. Contiene seis líneas estratégicas, o grandes temáticas en las que se pueden clasificar los problemas y actuaciones que se describen, en los siguientes ámbitos: ciudad y movilidad, reducción de la huella ecológica de San Roque, eco-urbanismo, patrimonio y participación ciudadana e integración de la sostenibilidad en la gestión ambiental local.
En total, se describen 36 proyectos, de los cuales 20 se consideran de alta prioridad. Entre los mismos se atienden a cuestiones como la creación y divulgación de un manual de ecoeficiencia de uso de campos de golf, la definición de una estrategia de reducción de la contaminación industrial, la mejora de las redes de abastecimiento de aguas y saneamiento, la localización y medidas de acción contra los pozos negros y vertidos en arroyos, la creación de un procedimiento contra las construcciones ilegales, la gestión de las vías pecuarias…
