Dicha sentencia fue recurrida en apelación por el convicto ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y ha sido recientemente confirmada por esta, salvo en lo que se refiere a la duración de la pena, reducida en seis meses por las dilaciones del procedimiento y porque el condenado ha cumplido con la reparación material a la que estaba obligado por el daño causado.
Los familiares de la joven agradecen el apoyo recibido, el trabajo del letrado que les ha representado y la atención tanto de la Guardia Civil, durante la investigación del caso, como de la administración judicial y la fiscalía, en la instrucción y resolución de este.
Los padres y allegados de la víctima lamentan, no obstante, que la legislación vigente no permita un castigo más severo para un delito de esta naturaleza, dada la gravedad del comportamiento y la acción tan deleznables que se han juzgado.
También lamentan que “haya quienes trivialicen los sucesos que derivaron en este proceso judicial ahora concluido y muestren su apoyo a un individuo que abusó de una adolescente discapacitada aprovechándose de la relación de confianza que mantenía con su familia y entorno más cercano, a pesar de todas las pruebas en su contra y de sus propias declaraciones autoinculpatorias”.
“Es triste, doloroso e indignante que algún que otro desalmado nos señale por haber denunciado a quien ha abusado de nuestra hija y diga que se va a meter entre rejas a un inocente, cuando los testimonios, los informes periciales y los tribunales han puesto de manifiesto su culpabilidad con un pronunciamiento que ya no es recurrible”, señala el padre de la chica.
La desestimación del recurso de apelación por parte del TSJA ha supuesto la entrada en prisión del condenado, S.F.M., de 52 años de edad, en cumplimiento del auto dictado por la sección séptima de la Audiencia Provincial, el pasado 29 de septiembre, en el que se declara la firmeza de la sentencia.
Aparte del encarcelamiento, el fallo judicial contempla la prohibición de que el autor de los abusos se acerque a menos de 500 metros de la joven, así como a su domicilio o a cualquier otro lugar en el que se encuentre, y también comunicarse con ella, por vía telefónica, telemática o postal, durante 10 años. Además, le imponía una indemnización de 6.000 euros para la víctima por daños morales, que ya ha sido abonada, y una medida de libertad vigilada, durante 5 años, una vez salga de la cárcel.
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