La Fundación Márgenes y Vínculos ha presentado hoy en Cádiz el cortometraje Espiral, una película de ficción en la que se retrata el dolor de los menores que sufren abusos sexuales y el calvario que supone para ellos ir repitiendo lo que les ha pasado a los profesionales de las diferentes instituciones de la Administración cuando denuncian lo sucedido.
El corto está subvencionado por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, dura poco más de ocho minutos y de él se han editado dos mil copias en DVD. Está especialmente dirigido a los profesionales y responsables de la Administración para que se conciencien y actúen de forma coordinada con el fin de evitar lo que los especialistas denominan victimización secundaria. Es decir, el agravamiento del dolor de los niños y niñas que han padecido abusos cuando tienen que contar y revivir, una y otra vez, lo que les pasó.
Dirigida por el gaditano Antonio Cansino, Espiral cuenta la historia de una niña que ha sufrido abusos sexuales de su tío. Narra cómo el sistema jurídico-asistencial la somete a sucesivos interrogatorios para verificar la agresión. A lo largo de la proyección, la menor contesta a preguntas de una pediatra, una trabajadora social, un médico forense, un policía, una psicóloga, un juez y el abogado defensor del agresor.
Muchas personas han colaborado para hacer posible el cortometraje: el director Antonio Cansino, de la productora Stanco y su equipo técnico de producción, sonido, iluminación, etc.; técnicos de Márgenes y Vínculos, que escribieron el guión; y los actores y actrices, la mayoría de ellos aficionados. La película se filmó en el verano de 2008 en Cádiz capital. Fue un rodaje de cinco días en distintos escenarios de la ciudad, como la sede de la Fundación, en Plaza de Mina, y la Audiencia Provincial.
Más de un centenar de personas han asistido esta mañana a la presentación de la película en el salón de actos de la Subdelegación del Gobierno andaluz en Cádiz. El público estaba compuesto por técnicos, expertos, profesionales y trabajadores de las distintas administraciones públicas y organizaciones sociales que desarrollan su labor en ámbitos que tienen que ver con los menores. A ellos se han dirigido la directora general de Infancia y Familias de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, Carmen Belinchón; la delegada provincial de Igualdad y Bienestar Social en Cádiz, Manuela Guntiñas; y el presidente de la Fundación Márgenes y Vínculos, Francisco Mena.
Belinchón dijo que el Gobierno andaluz emprenderá las reformas legales necesarias para aminorar el dolor de los menores que sufren abusos o maltrato y erradicar la victimización secundaria. Explicó que ya hace unos años se reformaron los protocolos de actuación para mejorar la coordinación de los técnicos de las distintas instituciones. Añadió que eso había mejorado algo la situación, pero reconoció que hay que seguir trabajando para mejorarla aún más. Belinchón dijo que Espiral es una herramienta más de trabajo para hacer reflexionar a los profesionales de los distintos ámbitos y para que ellos y los responsables de las instituciones rectifiquen lo que haya que mejorar. La directora general afirmó que el derecho a la intimidad de los menores es fundamental en el trabajo con los menores y que además de protección, en el caso de los abusos o malos tratos, hay que trabajar en su defensa y en las garantías jurídicas necesarias para establecer la responsabilidad y la imputación de quienes los hayan cometido. Belinchón repitió que esa labor ha de ser siempre muy respetuosa con la intimidad del menor. Y añadió que los tiempos para poner a trabajar los dispositivos no son los habituales en otros supuestos delictivos. “Un menor puede verbalizar que ha sufrido una agresión o un abuso seis o siete meses después de ocurrido”, precisó.
Francisco Mena, presidente de Márgenes y Vínculos, dijo que es necesaria una legislación específica, a nivel nacional, que concrete las competencias de cada área profesional, su forma de intervención y la coordinación con el resto. También pidió una reforma de la legislación penal que implique una jurisdicción específica sobre delitos contra los menores, como ocurre con la violencia de género. Mena agregó que dicha reforma debe recoger la posibilidad de que el testimonio grabado en vídeo mediante la intervención de un psicólogo y con la presencia de un secretario judicial, que otorgue fe pública, sirva como instrumento de prueba para sustentar una acusación, sin tener que someter a los menores a nuevas pruebas evaluadoras o nuevas testimonios.
Mena dijo que con Espiral se persiguen tres objetivos: sensibilizar a todos los profesionales que trabajan en el ámbito de los menores; ofrecer un instrumento de formación para estas mismas personas; y contribuir a la identificación de las problemáticas que hay que corregir.
