Redacción | Los Barrios
El Alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, y los miembros del equipo de gobierno del Partido Andalucista continúan “desobedeciendo a la justicia y persisten en no pagar las 67 nóminas al conjunto de los trabajadores que desarrollan sus funciones a turnos, además de no incluir la turnicidad en el complemento específico de las nóminas que se vienen devengando mes a mes”.
“El gobierno municipal tiene a su disposición el dinero del fondo de ordenación para abonar las sentencias firmes de los turnos desde noviembre de 2015, sin embardo, Romero no da las instrucciones oportunas para materializar el pago a los trabajadores ni para incluir en las nóminas el complemento que eliminó ilegalmente cuando entró a gobernar en el año 2011, lo que demuestra su falta de colaboración absoluta con la Justicia”, afirma Raimundo Pérez, presidente de USB.
Para USB, el único objeto de Romero y su equipo de gobierno, es dilatar el pago de los “derechos reconocidos por los jueces y tribunales, demostrando una mala fe y temeridad sin precedentes en la historia política del municipio de Los Barrios, dado que los 23000 ciudadanos son los que tendrán que pagar los intereses, las costas procesales y los gastos de asesoría jurídica privada, eludiendo el Alcalde de Los Barrios, una vez más, sus responsabilidades por los actos cometidos unilateralmente, los cuales no se ajustan a la legalidad”.
Pérez asegura que “la actitud del alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, y de sus compañeros de filas es egoísta, dado que una de las primeras mociones que aprobaron en el pleno tras tomar posesión de sus cargos, el pasado año, fue subirse sus salarios un 33% (Alcalde) y un 36% (Tenientes Alcalde) respectivamente, aumentando el gasto político en más de un 43%; a pesar de estas subidas desproporcionadas de los emolumentos políticos, no acordes con los tiempos de crisis que atraviesa el pueblo, se dedican a torpedear el trabajo de los juzgados, los cuales instan -vía ejecución forzosa- al Ayuntamiento a cumplir con las sentencias firmes que reconocen el factor de turnicidad a los empleados públicos, previa imposición de multas coercitivas”.
