Las puestas en escena en debates como el vivido esta semana en el Congreso resultan en ocasiones sobreactuadas en el Debate sobre el estado de la Nación. No hay más que repasar las declaraciones el martes de la ministra de Hacienda, que se deshacía en elogios ante el discurso de su jefe de filas, Pedro Sánchez, y que ponía por las nubes las medidas fiscales anunciadas. Se le olvidó, eso sí, reconocer que gran parte de ellas eran las mismas medidas que hasta 48 horas antes ella misma descartaba.
Podríamos incluir lo de Gabriel Rufián subiendo al estrado para enseñar unas balas que, según dijo, se utilizaron en la valla de Melilla ante el asalto de miles de inmigrantes. Puedo entender el enfado del presidente y los suyos, pero tampoco entiendo que el personal en general se rasgue las vestiduras. Lo digo porque parece que sí se puede subir a la tribuna para hablar de muertos de uno y otro bando en esta España fracturada en la que vivimos y, sin embargo, no de los fallecidos en plena frontera.
Pero dejemos las formas y vayamos al contenido: Sánchez se ha reconciliado con Podemos y gran pare de quienes lo hicieron presidente con una batería de medidas que incluye casi como acciones estrella dos impuestos nuevos. Uno ya lo conocíamos: el que grava los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. Y otro es el nuevo: el que se aplica sobre el mismo concepto en el caso de los bancos. O de los grandes bancos, como si en España quedasen muchos bancos pequeños o decenas y decenas de cajas de ahorros…
Se trata de una imposición sobrevenida que, a falta de ver la letra pequeña, tiene una difícil justificación y, sobre todo, porque puede derivar en un perjuicio no solo para los accionistas -como ya se vio el martes- sino para empleados e impositores, es decir, en los propios ciudadanos. ¿O es que alguien cree que la banca no va a repercutir el nuevo gravamen? Tres cuartos de lo mismo cabe decir sobre los que ahora, en un contexto de subida de tipos, estén pensando en acudir de nuevo al banco a pedir un préstamo: ya pueden ir haciendo cuentas porque fácil no lo tendrán ni mucho menos.
Al margen de la imagen de país con escasa seguridad jurídica que suponen estas figuras fiscales y al margen de que la decisión debería ser homogénea en la UE para evitar una deslocalización de los ahorros, cabe preguntarse por qué a la banca y no a otros sectores. ¿Por qué no a las navieras que se hacen de oro trayendo ahora gas de EE UU? ¿O a las empresas de armamento que aumentarán sus ingresos si finalmente se incrementa en 2.000 millones el presupuesto de Defensa? Y si el turismo sigue cómo va, ¿también le tocará pagar un impuesto extra?
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