Los menores andaluces que quieran someterse a operaciones de cirugía estética deberán pasar previamente un examen psicológico para valorar su nivel de madurez y descartar desórdenes que contraindiquen la intervención, especialmente trastornos relacionados con la imagen corporal. Así se recoge en el decreto aprobado hoy por el Consejo de Gobierno para garantizar la salud de adolescentes y jóvenes en este ámbito.
De acuerdo con la nueva norma, las operaciones deberán estar plenamente justificadas y documentadas, además de presentar una relación razonable entre sus riesgos y beneficios. En este sentido, se regulan tanto las condiciones exigibles a los menores, como los requisitos y garantías que han de cumplir los centros, servicios y profesionales que participen en ellas.
Los menores deberán recibir toda la información sobre el acto quirúrgico, incluyendo indicaciones sobre los resultados que se esperan, con sus consecuencias y posibles riesgos, las contraindicaciones y las probabilidades de repetir la intervención en el futuro. Con carácter previo a esta información, un profesional ajeno al centro o servicio sanitario responsable realizará el correspondiente informe psicológico, que será tenido en cuenta por el cirujano a la hora de tomar una decisión.
Siempre y cuando el informe psicológico y la valoración médica sean positivos, los jóvenes de entre 16 y 18 años podrán tomar la decisión de someterse a la intervención, por lo que serán ellos mismos quienes suscribirán el consentimiento informado. No obstante, los padres deberán ser informados y su opinión será tenida en cuenta. En el caso de los adolescentes de entre 12 y 16 años, son los padres o tutores quienes deben autorizar, aunque será escuchada la opinión de los menores. Si el joven tiene menos de 12 años, la decisión sobre la operación corresponderá en exclusiva a sus progenitores.
El consentimiento informado tendrá que recoger toda la información relacionada con la intervención, así como las tasas de éxito del centro y del cirujano en la técnica quirúrgica que se va a realizar.
En cuanto a los controles y garantías exigibles a los centros y a los profesionales, el decreto prevé la creación de un registro de datos de cirugía estética de menores con el fin de conocer los indicadores de resultados y las tasas de éxito, complicaciones y efectos secundarios. Para el mantenimiento del registro, que respetará en todo momento la confidencialidad, los centros estarán obligados a remitir anualmente los datos exigidos a la Consejería de Salud.
Además, los centros tendrán que presentar anualmente una memoria detallada de sus instalaciones, incluyendo equipos, quirófanos, salas de despertar y unidades de reanimación. De igual modo aportarán las certificaciones de los títulos de especialista de sus profesionales y mantendrán un registro actualizado de las plantillas.
