Los sindicalistas tomaron la alcaldía de Los Barrios

La protesta contra el decreto que suprime pluses acaba, tras empujones, en un sonoro jaleo contra la alcaldesa


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La decisión de la alcaldesa de Los Barrios, Ángeles Ariza, de suprimir por decreto algunos pluses ha encrespado los ánimos de los delegados sindicales.

La nueva protesta realizada hoy viernes, segunda desde que firmó y se dio a conocer el decreto, ha desembocado en la toma de la alcaldía por los representantes sindicales de UGT, CC.OO., CSI-CSIF y USO, aunque este último sindicato no cuenta con ningún delegado en el ayuntamiento de Los Barrios.

La protesta sindical se hizo como ya es frecuente en la puerta del consistorio, acompañada por los sones de bombos, tambores y bocinas. Luego, los delegados sindicales, muchos de ellos de otros ayuntamientos del Campo de Gibraltar, recorrieron en manifestación calles céntricas de Los Barrios y regresaron a la puerta del ayuntamiento, intentando entrar en el edificio. Entonces se produjo un forcejeo entre el guardia de puerta y algunos delegados, momento que otros aprovecharon para entrar en masa.

Ni siquiera el jefe de la Policía Local y varios agentes pudieron impedir que los delegados se abriesen camino a empellones por la escalera y subiesen a la segunda planta, ocupando el vestíbulo de la alcaldía, en cuya sala de reuniones se iba a celebrar una junta de gobierno que finalmente se suspendió, según informaron fuentes municipales.

Tras una sonora bulla en la propia alcaldía, en la que no faltaron mensajes por megáfono a la alcaldesa, los sindicalistas depusieron su actitud y abandonaron el ayuntamiento al cumplirse la hora diaria de protesta. A continuación, el grupo municipal socialista mantuvo una reunión de urgencia.

Para el sindicato CSFI, la actitud de Ángeles Ariza de eliminar de un plumazo los pluses de trabajo a turnos (turnicidad, nocturnidad, plus 6/4 y jornada especial), según se recoge en el artículo 56 del vigente convenio, sin haber notificado a los interesados y vulnerando el convenio y lo establecido en el artículo 37 del Estatuto Básico del Empleado Público, al ser materia objeto de negociación las retribuciones de los empleados públicos, puede ser constitutiva de un delito tipificado en el artículo 404 del Código Penal,: “la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años”.

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