A raíz del decreto que suprimía la mayoría de los pluses relacionados con el complemento de productividad, a primeros de julio, el 15 de ese mes se alcanzó un acuerdo entre el gobierno municipal y los representantes sindicales en el Ayuntamiento, de UGT, CC.OO. y CSI-CSIF, que puso fin a las protestas de los trabajadores municipales.
Aquel acuerdo constaba de seis puntos y reconocía la participación de los sindicatos en los criterios generales para fijar y definir el plus de productividad y para concretar las situaciones y criterios aplicables.
Uno de los puntos señalaba que los criterios generales que aprobase el pleno de la corporación en julio regularían los devengos afectados por el decreto.
También se acordó constituir una mesa de trabajo para elaborar la relación de puestos de trabajo, o RPT, abonar los pluses de turnos pendientes, abonar unos 40.000 euros en concepto de ayudas sociales.
Posteriormente, ese mismo mes de julio, se constituyó la mesa que redactará la RPT, incorporando a este documento las normas para el plus de productividad, teniendo en cuenta los matices aportados por los representantes sindicales.
También se expresó el compromiso del gobierno municipal de respetar las cantidades que por el momento se han venido reflejando en las nóminas hasta que se confeccionase la RPT.
La mesa que elaborará la RPT está formada por la alcaldesa, Ángeles Ariza; el primer teniente de alcalde, José Carlos Tocón; el portavoz del equipo de gobierno, Alfonso Pecino, tres delegados de UGT, dos de CC.OO. y uno de CSI-CSIF, sumándose un asesor por sindicato. Además asistirán como personal técnico del Ayuntamiento un asesor jurídico, otro de recursos humanos y un tercero de economía.
Uno de los aspectos que más valoran los sindicatos es que el documento que se incluirá en la Relación de Puestos de Trabajo recoge las enmiendas que expusieron por escrito.
En el pleno del 31 de julio pasado, el equipo de gobierno ofreció a la oposición participar también en el documento que recogerá la relación de puestos de trabajo, extremo que minutos antes habían solicitado los portavoces de PA y PP.
Durante los treinta días naturales de exposición pública de las normas reguladoras se podrán presentar reclamaciones y sugerencias, según el artículo 49 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril.
