Movimiento Barreño ha decidido acudir a la vía judicial después de constatar que el equipo de gobierno mantiene una “práctica sistemática” que, a juicio del grupo, vulnera los derechos fundamentales de los concejales al acceso a la información, recogidos en la legislación vigente. La formación señala que el Ayuntamiento ha incumplido de forma reiterada los plazos legales para entregar documentación requerida para el ejercicio de control político.
La decisión llega tras un prolongado periodo durante el cual el grupo municipal asegura haber sufrido falta de respuestas, ausencia de documentación básica y retrasos injustificados. En una de las sesiones plenarias, el alcalde Miguel Alconchel respondió con insultos y descalificaciones hacia el portavoz de Movimiento Barreño, aunque posteriormente aceptó la propuesta de un “borrón y cuenta nueva” para evitar nuevos conflictos. Sin embargo, la situación no mejoró, denuncian.
Entre la documentación no facilitada figuran facturas, convenios, informes de Intervención, gastos municipales, actas e informes relativos a ARCGISA, contratos de festejos, así como expedientes y pagos vinculados a la empresa Diviértete. También se incluyen expedientes de subvenciones y otros documentos considerados esenciales para la labor de fiscalización de la oposición.
El Consejo de Transparencia de Andalucía ya había dado la razón a Movimiento Barreño en varias resoluciones previas, en las que desestima los argumentos utilizados por el Ayuntamiento, como que el grupo “pide demasiada documentación” o que ciertos expedientes “no estaban en el Departamento correspondiente”. El organismo subraya que ninguna de estas circunstancias fue comunicada al concejal solicitante y que no es comprensible que gran parte de la documentación requerida no obre en poder de la entidad local. En sus resoluciones, el Consejo considera vulnerado el derecho fundamental del artículo 23 de la Constitución.
Asimismo, el Consejo rechazó la afirmación de que el volumen de solicitudes presentadas pudiera afectar al funcionamiento del Consistorio, recordando que el número de peticiones no puede emplearse como excusa para obstaculizar el derecho de acceso a la información.
“Defender el derecho a la información es una obligación, no una opción”, señalan desde Movimiento Barreño, que denuncian un comportamiento persistente del Ayuntamiento que, pese al compromiso de reconducir la situación, “ha seguido sin remitir la documentación en tiempo y forma”. Por ello, insisten, no han tenido otra alternativa que acudir a los tribunales.
La formación recuerda que el acceso a la información de los concejales está amparado por el artículo 23 de la Constitución, el artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local y el artículo 14 del Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF). Movimiento Barreño asegura que seguirá utilizando todas las herramientas legales para garantizar la transparencia y el correcto funcionamiento del Ayuntamiento de Los Barrios.
