Si existía alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes en los hechos ocurridos en Ceuta a finales de julio pasado –la entrada de más de 70.000 migrantes con el resultado fatal de 141 muertos por ahogamiento– el despliegue policial de la policía magrebí para evitar el anunciado en redes para el 15 de este mes de agosto, demuestra que la grave crisis migratoria –más bien ataques híbridos a la soberanía de un país–, no hubiese sido posible sin, al menos, la pasividad de la policía marroquí.
A pesar de la gran cantidad de dinero que recibe de la Unión Europea para que controle la inmigración –aparte de otras ayudas al desarrollo–, Rabat incumple los compromisos como socio mimado de Bruselas y continúa utilizando la frontera con España como instrumento de presión, en una suerte de diplomacia innoble.
Crecido por su alianza con el presidente Trump –con cuyo nombre ha bautizado una autopista que enlaza con el Sáhara Occidental–, y el primer ministro israelí Netanyahu –el carnicero del pueblo palestino–, el monarca Mohamed VI va alimentando sus ambiciones. A pesar de la marcha atrás de Madrid con respecto al conflicto saharaui, apoyando el plan marroquí de un régimen autonómico para el territorio ocupado, el rey no está satisfecho. Y me refiero al monarca porque en Marruecos no existe un verdadero sistema constitucional de separación de poderes, por mucho que hayan mejorado algunas cosas en una transición interminable. Nada se hace sin autorización del rey.
A estas alturas los analistas de la geopolítica se preguntan por los motivos de la acción orquestada detrás de la frontera del Tarajal. La primera entrada masiva se produjo en mayo de 2021 como respuesta a la atención médica recibida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghalin. Ahora se habla de la reciente visita del presidente Pedro Sánchez a Argelia, país rival de Marruecos en el Magreb y aliado de los independentistas saharauis. Con esta visita se han normalizado las relaciones tras la crisis por reconocer el gobierno de Madrid el citado plan marroquí.
Las importaciones de gas argelino irán en aumento y, como viene ocurriendo desde 2021, ya no pasa por Marruecos, que cobraba un considerable peaje. Las exportaciones de este producto llegan hasta Almería y se distribuye a otros países, incluido el reino alauí.
También se viene especulando como causa la aprobación de la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo el dominio español del territorio, considerado entonces como provincia. Estas personas pasarán a ser miembros de la Unión Europea, y la represión hacia activistas de estas características, lo sería hacia ciudadanos de este rango.
Incluso se baraja que haya sido el reciente tratado entre la Unión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar. Rabat lo interpreta como una claudicación de Madrid en cuanto a la soberanía y, por tanto, dejaría vía libre a la entrega de Ceuta y Melilla, aunque estas ciudades no son reconocidas como colonias por Naciones Unidas y, consecuentemente, son tenidas como españolas.
Tampoco sería nada desechable la idea del eje Trump-Netanyahu-Mohamed VI en su afán de hundir al presidente Sánchez, posicionado en favor del pueblo palestino y opuesto al gasto militar dentro de la OTAN que ha dictado Trump para beneficiar a la industria armamentística de su país. Sánchez no permitió el uso de las bases norteamericanas en España para el bombardeo de Irán, y eso no lo ha perdonado el republicano.
Parecería también plausible la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe la devolución inmediata de los migrantes llegados a nado a las ciudades de Ceuta y Melilla. Una decisión que podría haber provocado un efecto llamada. El Gobierno de España ve en esta sentencia, y su difusión en las redes sociales, la justificación de lo ocurrido. Como suele ocurrir la diplomacia española –y también la europea– no quiere molestar a Marruecos. No obstante, esa debilidad acrecienta las presiones de Rabat, como ha quedado demostrado.
Marruecos parece decidido a cruzar todas las líneas rojas. Hay cuestiones especialmente graves como el empleo del programa de espionaje Pegasus para el hackeo de los teléfonos del presidente Sánchez y de varios de sus ministros, acción que apunta directamente a los servicios de inteligencia marroquíes, y que se ha archivado por la negativa israelí a colaborar con la justicia española.
Muchos ciudadanos –no me refiero a la ultraderecha, seguidora de Trump y que ha visto en Mohamed VI un extraordinario aliado– quieren que se llame a las cosas por su nombre.
Que la colaboración es fundamental y debe continuar entre ambos países, pero que el entreguismo a Marruecos no conduce a una relación bilateral fructífera. Que la buena voluntad que llevó a la ruptura de la tradicional postura de los gobiernos españoles respecto del Sáhara, o en cuestiones deportivas de alcance como la de haber incluido al país magrebí como sede del Mundial de Fútbol de 2030, gracias a la intervención del Gobierno español –Marruecos ahora quiere ser sede de la final en detrimento de España– tiene como respuesta la ingratitud del vecino del otro lado del Estrecho.
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