Hace unos días, en una de esas concentraciones reivindicativas en las que suelo participar, se me acercó un conocido y me hizo una pregunta: “Oye, Rafa, tú que tienes los pies en el suelo, ¿qué es lo que está ocurriendo con la vivienda en este país y cuál crees que sería la manera de solucionarlo?”. Como la respuesta no era fácil, elegí contestarle con un ejemplo.
“Para hacerlo más sencillo, imagínate que el Campo de Gibraltar representa a toda España y que llega un señor de Gibraltar con los bolsillos llenos de libras y queriendo hacer negocio en nuestra tierra. Llamémosle señor Smith. Smith, que no es tonto, sabe que invertir en ladrillo es un valor seguro, así que comienza una búsqueda de oportunidades de inversión en el sector inmobiliario”.
“Vale”, dijo mi compi, “hasta ahí es fácil”.
“Pues seguimos. Smith descubre que en Los Barrios existe un edificio de viviendas públicas que se llama Los Lavaderos, que está bastante cerca del centro del pueblo y completamente lleno, lo que demuestra que está en una ubicación donde a la gente le interesa vivir. Así que habla con el alcalde y la concejala de urbanismo y le propone comprar el edificio completo”.
“Bueno pero no creo que se lo venda, pues en ese edificio lo que hay son casas sociales y no creo que esos inquilinos le vayan a dar mucha rentabilidad a Smith”, me contestó con cierta razón.
“Eso es… pero hay más. Smith le dice al alcalde que con el dinero de la venta puede reducir la deuda pública que tiene nuestro Ayuntamiento y que tanto le lastra. Además, asegura que va a suponer un impulso a la economía del municipio, por lo que las condiciones de todos van a mejorar. Ante esa lógica aplastante el alcalde decide vender el edificio al completo, lleva el asunto al pleno municipal y como tienen mayoría acaba aprobándose la venta. Smith paga 2 millones al contado y nuestro municipio reduce la deuda en la misma cuantía”.
“De momento no hay ningún problema”, me espetó mi interlocutor.
“Tú lo has dicho, de momento. Pero ahora es cuando la cosa se pone interesante, pues Smith, aunque ya se lo imaginaba, descubre que los inquilinos están pagando unas rentas muy bajitas (recordemos que eran casas sociales) y que así va a tardar cien años en rentabilizar el edificio. Así que manda cartas a todos los inquilinos, en las que les dice que a partir del 1 de enero el alquiler pasa a costar 500 euros mensuales”.
“500 euros es un alquiler hasta cierto punto razonable”, dijo mi compañero de fatigas, “en otros lugares está mucho más caro’.
“Cierto es, pero el problema no es cuanto vale el alquiler, sino cuánto cobran los inquilinos. Hay gente que vive ahí que está cobrando pensiones no contributivas que ni siquiera llegan a esos 500 euros que les piden ahora por el alquiler. Así que, como no lo pueden pagar y tampoco pueden pagar una renta similar en otro sitio, sencillamente dejan de pagar, pues no les queda otra opción. Smith les denuncia y comienza una campaña de desprestigio contra ellos. Salen artículos en la prensa local y mucha gente en las redes sociales comienza a llamarles “los okupas del lavadero”, instigados por gente que ha pagado el propio Smith”.
“Eventualmente, la policía los acaba desahuciando (cada día a uno, para no armar mucho revuelo) y Smith alquila las viviendas a otras personas a las que les cobra, ya no 500 euros, si no 800. Ahora sí que va a recuperar la inversión en poco tiempo. De un plumazo nos encontramos con muchas familias en la calle y otras familias pagando alquileres muy por encima de lo razonable”.
“Todos han salido perdiendo”, concluyó.
“No todos, Smith no, ese ha salido ganando. Gana uno y pierden muchos. Lo increíble es que el alcalde, sabiendo lo que va a ocurrir (pues ha ocurrido antes en otros pueblos) haya aceptado realizar esa operación de privatización. Este despropósito aún no ha ocurrido en Los Barrios, pero sí en ciudades como Madrid, donde la exalcaldesa Ana Botella vendió 1860 casas sociales a un fondo buitre gestionado por su propio hijo (el Smith de turno) que desahució a los vecinos originales e incrementó abusivamente los precios a los nuevos inquilinos. Fue un drama social”.
“Pero hay muchos sitios donde no han desahuciado a nadie y la vivienda está por las nubes, como Tarifa”, me dijo, “¿Qué está pasando allí?”.
“Hay muchos Smiths que actúan de diferentes formas. Algunos compran 7 viviendas para ponerlas en alquiler turístico, otros compran en nuda propiedad hasta que el inquilino fallece y meten a otro que pague el triple, otros simplemente esperan a que venza tu contrato de alquiler y luego te exigen el doble por seguir viviendo allí… pero como no puedes pagarlo, te tienes que ir. El efecto siempre es el mismo, acumulación de casas en pocas manos y subidas abusivas de precios”.
“Entonces, ¿qué se puede hacer contra eso?”, preguntó.
“La solución es tan sencilla como eficaz, que el estado asuma la propiedad de todas las viviendas y las distribuya a cada cual según su necesidad y sus posibilidades, pero como eso no va a ocurrir, hay otras opciones menos drásticas que también sirven. En España hay casi 4 millones de viviendas vacías según el INE. Solo con obligar por ley a que esas casas se ofrezcan en alquiler ya estaríamos facilitando la vivienda a 4 millones de familias, que es el 20% de la población nacional. Otra medida, más sencilla, pasa por poner un límite al precio del alquiler, por ejemplo de 4€ el m2, así un piso de 90m2 costaría 360€ al mes, algo razonable para un mileurista”.
“Pero todo lo que estás diciendo incluye la intervención del estado”, explicó.
“Por supuesto, ya que el mercado no se regula solo, y si lo hace, es siempre en favor del que tiene más cuota y, por lo tanto, más poder. Hay que forzarlo, obligarlo, torcerlo… y solo puede hacerlo quien tiene poder para cambiar las leyes: el Congreso de los Diputados. Mira muy bien a quien votas”.
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