
Ambos responsables han defendido la gestión de la empresa pública y han reclamado que el debate sobre los recibos se aborde desde el rigor, la transparencia y los datos contrastables, diferenciando los servicios que se prestan y las responsabilidades de las administraciones implicadas.
Pérez Custodio ha reivindicado la trayectoria de Arcgisa , a la que ha definido como “una de las empresas de agua y residuos más importantes de Andalucía”, construida por campogibraltareños y consolidada como referente empresarial y de prestación de servicios públicos en la comarca. La empresa cuenta con más de 560 trabajadores directos, genera otros 500 empleos a través de contratas y empresas auxiliares, presta servicio a más de 280.000 habitantes y atiende a la gran industria del Campo de Gibraltar. La presidenta ha destacado la capacidad de respuesta de la plantilla durante situaciones excepcionales como la pandemia, el apagón y la peor sequía sufrida por la comarca, recordando que “el agua siguió llegando y la basura siguió recogiéndose”.
Ante las iniciativas promovidas especialmente en Castellar de la Frontera y Los Barrios, Pérez Custodio ha considerado necesario ofrecer una explicación completa frente a un relato político “sencillo de contar y fácil de aplaudir, pero que no resiste los datos”. Ha cuestionado las propuestas que reclaman reducir los recibos, mantener todos los servicios e incrementar las inversiones sin explicar cómo se financiarían.
La legislación estatal, principal factor de incremento en los residuos
Manuel Abellán ha explicado que, en los municipios donde Arcgisa presta directamente todos los servicios, el recibo agrupa cinco conceptos diferenciados: abastecimiento de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, recogida de residuos y tratamiento de residuos.
El consejero delegado ha situado la aplicación de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados, aprobada por el Gobierno de España en 2022 y vigente desde enero de 2023, como una de las principales causas del incremento del coste de la basura. La normativa introdujo un impuesto estatal sobre el depósito de residuos en vertedero y nuevas obligaciones de recogida separada, especialmente de materia orgánica. Según los estudios económicos de ARCGISA, el impuesto supone un impacto superior a los tres millones de euros anuales para el sistema comarcal, al que se suman los gastos de contenedores específicos, vehículos, personal, rutas, combustible, mantenimiento y tratamiento.
Abellán ha recordado que la modificación tarifaria para afrontar estas obligaciones se planteó en febrero de 2023, aunque quedó sobre la mesa antes de las elecciones municipales y tuvo que retomarse en octubre. “No se puede aprobar la ley en Madrid y protestar por su factura en el Campo de Gibraltar”, ha señalado.
En cuanto al ciclo integral del agua, ha explicado que la actualización tarifaria responde a un programa para el periodo 2024-2027, cuyo objetivo es corregir el desequilibrio económico acumulado tras años de congelación de tarifas, entre 2014 y 2021, mientras aumentaban los costes de explotación y las necesidades de mantenimiento e inversión. Ha recordado que esta política de revisión comenzó durante el mandato 2019-2023, cuando el PSOE presidía el equipo de gobierno de la Mancomunidad.
En Castellar, Jimena, Tesorillo, San Roque y Los Barrios, la actualización incluyó la retirada temporal de la gratuidad del primer bloque de 20 metros cúbicos trimestrales de consumo doméstico, en un contexto de sequía extrema y restricciones impuestas por la Junta de Andalucía. El plan contempla recuperar progresivamente esa gratuidad, que volverá a estar vigente en 2027.
Arcgisa defiende la solidaridad del sistema comarcal y la transparencia de sus cuentas
Abellán ha rechazado que los municipios pequeños estén siendo perjudicados, señalando que no se pueden comparar únicamente los recibos sin tener en cuenta los servicios prestados y los distintos modelos de gestión. Los municipios con gestión directa también se benefician de infraestructuras y recursos compartidos, como instalaciones de potabilización y depuración, laboratorios y medios técnicos. Asimismo, los costes de recogida varían según las características urbanísticas y territoriales de cada localidad. Ha defendido las economías de escala y la solidaridad comarcal como mecanismos para compartir costes y garantizar la sostenibilidad de los servicios.
Pérez Custodio también ha aclarado que el incremento del coste del agua en alta aplicado por la Junta de Andalucía en 2024 supuso aproximadamente dos millones de euros adicionales para el sistema. Arcgisa revisó las tarifas de los suministros sujetos a esta modalidad, entre ellos grandes consumidores industriales, para afrontar el aumento sin trasladarlo directamente a las tarifas domiciliarias por ese mismo concepto.
Sobre las críticas relativas a posibles gastos superfluos, Abellán ha manifestado que Arcgisa no tiene inconveniente en que sus estudios de costes sean examinados y fiscalizados. Ha recordado que la empresa se audita anualmente y sus cuentas son públicas, y ha reclamado que quienes denuncian gastos innecesarios identifiquen las partidas cuestionadas, sus importes y el ahorro que permitiría eliminarlas. También ha señalado que la estructura de gasto es equivalente a la de otras empresas del sector.
El valor de los servicios públicos
En la parte final, Pérez Custodio ha reivindicado el alcance del ciclo integral del agua que desarrolla Arcgisa , desde la captación, transporte, tratamiento y distribución hasta la recogida y depuración de las aguas residuales antes de devolverlas al medio natural. Un proceso que requiere infraestructuras, energía, personal especializado, mantenimiento, inversiones y controles permanentes.
“Lo que estamos financiando es mucho más que el agua que sale del grifo: es la posibilidad de disponer de agua potable y de que las aguas residuales sean recogidas y tratadas adecuadamente”, ha afirmado.
Abellán ha cerrado la comparecencia con una cita de Antonio Machado: “Todo necio confunde valor y precio”, recordando la importancia de distinguir entre el coste económico de los servicios públicos y su valor para la sociedad. “Podemos discutir el precio de los servicios, exigir que sean más eficientes y que se gestionen mejor. Pero no confundamos su precio con su valor”.
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