Después de una pandemia en la que han fallecido en las residencias miles de personas mayores, no hemos aprendido nada, seguimos igual o peor.
Esta semana me quedo absolutamente petrificado con la noticia que acabo de leer en una prensa que sigo como es la canaria.
Es un tema recurrente para los medios de comunicación que a menudo queda reducido a una cifra, siempre cambiante y casi siempre, por desgracia, al alza. La última que ha trascendido habla, nada más y nada menos, de 330 personas mayores que ocupan una cama hospitalaria en Canarias a pesar de haber recibido el alta médica.
El enfoque, además de numérico, solo suele reflejar una cara del drama, o, en el mejor de los casos, pone las dos posibles en una misma balanza, como si pesaran lo mismo. La noticia nos cuenta que son mayores de los que sus familias «no pueden o no quieren hacerse cargo». Esa simple ‘o’ conjuntiva no hace justicia porque separa esas dos opciones sin apenas matices, como si fuera lo mismo no querer que no poder.
Es la coletilla más habitual en este tipo de informaciones y yo creo que su uso, aunque sin pretenderlo, insulta a muchas familias, estoy convencido de que a la mayoría, y de paso, salva el culo al sistema sanitario , que es, a mi juicio, el verdadero responsable.
Estoy convencido de que casi todo el mundo querría atender a ese ser querido que, de repente, queda encamado o con muy poca autonomía. El problema es cómo. El común de los canarios y canarias no cuenta con recursos para afrontar los cuidados que precisarían ese tipo de pacientes. Ni por tiempo, recursos, logística o conocimientos.
El drama de esos 330 mayores es, pues, otro agujero negro del estado del bienestar , producto de unas instituciones a las que les ha pillado el toro.
Cuando hizo falta colegios, se construyeron. Cuando hizo falta centros de salud, se levantaron. ¿Cuántos años llevamos reclamando centros sociosanitarios? Ya vamos demasiado tarde. Muchos morirán en el camino, sin ver este derecho atendido.
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