Redacción | Los Barrios
Las alegaciones, entre otros factores, se basan en la “no participación de forma intencionada por parte del equipo de gobierno”, de la organización funcionarial del Ayuntamiento, a pesar de que dicho equipo de gobierno, “era consciente de ello”.
De hecho, “este equipo de gobierno, ha actuado de forma irresponsable, a sabiendas de que el trabajo sobre la RPT fue realizado por una empresa externa, que incumplió los plazos previstos en el contrato, en las condiciones de elaboración y obligaciones asumidas, actuando, de esta manera, al margen de lo legalmente establecido. Y hay que sumarle, además, la participación del personal de confianza como si formaran parte del personal del Ayuntamiento, hasta tal punto que firmado informes como si fuesen técnicos de este Ayuntamiento. Informes que forman parte del expediente tramitado para la aprobación de la RPT, vulnerando los derechos fundamentales recogidos en la Constitución (at. 23.1)”, argumenta ella formación localista.
En su día, fue la empresa Safety First, S.L., la que se contrata para la realización de la RPT, donde debía hacer valoraciones de los puestos de trabajo de este Ayuntamiento. El contrato de dicha empresa se firma el 11 de marzo de 2011, bajo el gobierno del partido socialista (PSOE). En dicho contrato se refleja una duración de 4 meses prorrogables a 2 meses más por mutuo acuerdo. “Aparte de que la empresa no cumple en absoluto con las condiciones del contrato, y teniendo en cuenta, que agotado el plazo del contrato, el nuevo equipo de gobierno andalucista (PA) cuando llega a la Alcaldía, en Junio de 2011, retoma los trabajos de la RPT con esta empresa. Con este incumplimiento ya se entiende que está fuera de la legalidad. Pero sin tener esto en cuenta, el Partido Andalucista, al frente del Ayuntamiento, sigue adelante, añadiendo ciertas modificaciones a capricho político, y entregando la RPT de forma definitiva el 9 de septiembre de 2013, es decir, casi dos años más tarde y sin marco contractual alguno que justifique su entrega”, afirma el PIBA.
“La participación del alcalde Jorge Romero cuando decide que órgano se reúne o que cláusulas del pliego de condiciones técnicas se quieren respetar y cuales no, vemos grave el hecho de que se prive a los empleados públicos de una revisión de la valoración efectuada por esta empresa externa. Y encima el Alcalde manifiesta que la empresa ha cumplido y ha elaborado una RPT en un tiempo record. Ante todo esto, hay una serie de cuestiones legales que han quedado en el aire. Cuestiones como el hecho de preguntar bajo que contrato ha salido esto adelante; o de qué cumplimiento de plazos habla cunado el término del contrato se produce con ocasión de la entrega de la documentación que se hizo en las fases allá por marzo de 2011 y legalmente no era posible ninguna prórroga”, señalan desde el PIBA.
“Nos gustaría hacer saber a la ciudadanía que el expediente de la RPT, ha sido manipulado intencionadamente e ilegalmente; que la elaboración de la misma, no ha seguido el proceso habitual y legal, tal y como se debería haber realizado; que el Alcalde ha sido cómplice directo de que se haya proseguido con un contrato desvinculante con el plazo establecido. También nos gustaría añadir que el Alcalde presentó informes de Secretaría e Intervención, provenientes de funcionarios con categoría de Administrativos, y en los cuales sólo se hace referencia a términos legales básicos pero no directamente a la RPT. Además añade un informe realizado por un miembro del personal de confianza, concretamente del -Director Técnico de Políticas Económicas y Financieras y Presupuestarias-, a sabiendas de que sólo los funcionarios pueden realizar informes válidos para una RPT”, dice la nota de prensa.
De todo esto, “podemos confirmar que se ha permitido una serie de ilegalidades en relación directa con la elaboración de la RPT. Prácticamente podemos observar, que se ha permitido influencia directa de actitudes partidistas y políticas, tratando de adecuarlas cada uno a su interés particular, sin tener en cuenta una valoración objetiva y neutral sobre las verdaderas necesidades laborales de la Relación de Puestos de Trabajo en nuestro Ayuntamiento” aclara el PIBA.