Redacción | Los Barrios
En declaraciones a Europa Press, el portavoz del colectivo ecologista en el Campo de Gibraltar, Antonio Muñoz, ha anunciado que van a presentar un informe ante el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, detallando cómo se está llevando a cabo el proceso del proyecto de VTTA porque consideran que “se están saltando algunas normativas”. Entre otras cuestiones, recuerda Muñoz que Verdemar presentó un recurso de alzada contra la autorización por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo a VTTA para el citado proyecto, habiendo un proceso de información pública que “no pueden saltarse a la torera”. También alude el portavoz ecologista a otras cuestiones “pendientes”, ya que la declaración de impacto ambiental de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente “no contempla, por ejemplo, la presencia en la zona afectada por el proyecto de la lapa ferruginosa –Patella ferruginea–, que está en peligro de extinción”. Recuerda que esta lapa, que tiene “la misma protección que el lince ibérico”, “paró las obras del puerto de Tarifa” y fue uno de los argumentos que justificaban la denuncia interpuesta por el Gobierno contra los rellenos que está haciendo Gibraltar ganándole terreno al mar para ampliar su territorio.
El portavoz de Verdemar-Ecologistas en Acción explica que presentaron alegaciones al proyecto que “no fueron tenidas en cuenta” y, posteriormente, presentaron un recurso de alzada contra la resolución de 6 de agosto de 2013 de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autorizaba este proyecto, que ellos entienden “contrario al interés social”. Cabe señalar que, según dicha resolución, el proyecto consiste en la instalación de tanques de almacenamiento de productos petrolíferos (clases B y C) con una capacidad total de almacenamiento de los productos mencionados de unos 543.300 metros cúbicos, distribuidos en 21 tanques cilíndricos de eje vertical de diferentes volúmenes nominales, diseñados de acuerdo con lo establecido en las normas API-650 y API-2000 y agrupados en cuatro cubetos de retención. Asimismo, contempla la posible conexión mediante oleoductos con las instalaciones de Cepsa y CLH situadas en el término de San Roque, al otro margen del río Guadarranque.
Entre otros argumentos, señalaban que “el promotor no ha aportado información sobre determinadas acciones del proyecto que pudieran tener impactos ambientales significativos, como las relacionadas con la obtención de materiales de préstamo u otros aspectos en las ampliaciones portuarias”.
Añadían que la declaración de impacto ambiental tampoco ha evaluado algunos “impactos potencialmente significativos”, como las posibles afecciones a la población por ruido o contaminación atmosférica. Igualmente, incluía que el proyecto supondrá “la ocupación de la plataforma de abrasión de la desembocadura del río Guadarranque junto a Lugares de Interés Comunitario (LIC), zona de elevada diversidad biológica con presencia de varias especies protegidas”, además de la patella ferruginea, en peligro de extinción. Aluden a “riesgos importantes” sobre algunos valores de los LIC, a la posibilidad de afección por posibles eventos de contaminación marina.
Asimismo, prevén que el proyecto causará “efectos negativos significativos sobre el medio ambiente, considerándose que las medidas previstas por el promotor no son una garantía suficiente de su completa corrección o su adecuada compensación”. Igualmente, entiende que existen “suficientes toneladas de hidrocarburos en tierra para abastecer la demanda de abastecimiento da buques y otros”, detallando que Cepsa tiene 1,2 millones de toneladas de almacenamiento, 197.000 toneladas CLH y 403.000 toneladas Vopak.
