Hay quienes tienen claro que es mejor lo privado que lo público, partiendo de una premisa básica: «lo privado está mejor gestionado que lo público». Para fundamentar esto se exponen situaciones donde la política partidista ha generado déficit al utilizar las empresas públicas para colocar a colegas, amigos y familiares que, incluso sin ir a trabajar, cobraban un buen sueldo público. Las hemerotecas aportan un buen número de casos de corrupción.
Un sector de quienes se arriman a la política ve la oportunidad de medrar a costa del dinero de la ciudadanía mediante la constitución de empresas públicas o privatizaciones de servicios públicos: agua, basuras, transporte, gestión de infraestructuras, espacios naturales, etc. El fenómeno no es anecdótico, aunque lo parezca. La ciudadanía conoce solo algunas de las más de 5500 instituciones creadas entre empresas públicas, organismos autónomos, consorcios, fundaciones y entidades públicas empresariales de ámbito estatal, autonómico y local. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Algeciras cuenta con tres: Emalgesa (socia de Aqualia), Algesa (basuras y autobuses urbanos) y Emcalsa (televisión Onda Algeciras). En otros municipios importantes se gestiona también la vivienda. El ámbito municipal concentra el mayor número de empresas con casi el 60 %, le siguen las comunidades autónomas con un 30 % y algo más del 10 % lo ha desarrollado el Estado, fundamentalmente a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).
Basta esta pincelada para entender que se cuecen habas en bastantes ollas. Quienes han llegado a la conclusión de que las administraciones públicas gestionan mal los asuntos, instan a que sea la iniciativa privada la que los atienda. Por otro lado, los defensores de la gestión pública de aquello que afecta al conjunto de la ciudadanía reclaman que se deje de privatizar los servicios públicos.
¿Sería posible establecer un criterio que pudiera deslindar los campos público y privado en la prestación de servicios públicos? Pudiera existir un criterio relacionado con las obligaciones de los entes públicos para garantizar derechos esenciales, básicos y humanos a toda la población. Por ejemplo, tener acceso a la propiedad de un reloj de oro o de alta gama concitaría un consenso total de que no es un derecho esencial, básico ni humano. Por tanto, al ser una «mercancía», sería susceptible de mercadear con ella; el libre mercado tan querido por las mentes neoliberales se fundamenta precisamente en ello.
¿Podrían los derechos básicos, esenciales y humanos convertirse en mercancía? Un ejemplo es la salud: es un derecho esencial de cualquier persona ser atendida y tener los medios y remedios indispensables para mantenerla o recuperarla. Sin embargo, en estos momentos la salud es tratada como una mercancía: los medicamentos, los hospitales y los tratamientos pueden comprarse en el mercado, y quien más tiene, más puede acceder a ellos. Con la educación ocurre tres cuartos de lo mismo, facilitando con ello la reproducción de las élites de poder. Con la dependencia, ídem de ídem: si tienes «flu-flu» (dinero), tienes compañía, cuidados y ayudas garantizados.
Parece que esta realidad debería chirriar, y mucho, en una sociedad cuyo lema constitucional contiene la declaración de igualdad de derechos de todas las personas. Todas las familias con hijas, hijos, nietas y nietos sienten una honda preocupación y se afanan en garantizar, si fuera posible, la vida futura de su descendencia cuando los mayores ya no los acompañen. La carrera por conseguir un estatus que les permita vivir con dignidad se ha instalado en la inmensa mayoría de esos hogares. Si de verdad todas las personas tuvieran garantizado el ejercicio de sus derechos humanos básicos —a la salud, a la vivienda (que es salud), a la alimentación sana (que es salud), al agua, a la energía (esencial para la vida), al conocimiento, a la formación para vivir sanamente y aportar a la sociedad, a los cuidados cuando se es dependiente…—, otro gallo cantaría. Y si el Estado (la suma de voluntades de quienes lo habitan) los garantiza mediante las aportaciones económicas de todas las personas, ¿tendría sentido mercadear con esos derechos?
Lo privado no puede mercadear con los derechos humanos básicos. Esta máxima conllevaría la reordenación de toda la actual realidad del libre mercado y de las patentes que lo sostienen. Para ejemplificar esta reflexión, hay quien entiende que sería buena idea conceder patrimonio público para montar una residencia de ancianos, un hospital o un colegio privados. La pregunta es: ¿por qué quienes son elegidos por el pueblo no garantizan directamente los derechos a la salud, a la atención a la dependencia o la educación a toda la ciudadanía?
Parece evidente que la respuesta es que eso requiere mayor dedicación y trabajo por su parte. Es muy fácil «concertar» la prestación de servicios con empresas privadas a cambio de pagarles con dinero
público: solo requiere una firma en un documento. Gestionar desde lo público supone un trabajo de gestión de recursos humanos, de supervisión del trabajo, de estar abierto a las reclamaciones de la ciudadanía y, sobre todo, de no poder meter la mano en el cajón del dinero público. Implica contratar al personal siguiendo criterios de publicidad, mérito y capacidad, conjurando el amiguismo, el nepotismo, el «enchufismo» y el arribismo; y, muy importante, no poder recibir prebendas, regalos o joyas por otorgar la concesión a empresas amigas o del partido político.
En esto, quienes se dedican a la política suelen argumentar la dificultad de «manejar» al funcionariado, haciendo recaer, injusta y ladinamente, la fama de inoperantes sobre las personas que se dedican al servicio público. En todos los casos, a los políticos partidistas no les conviene un sistema de supervisión interna y externa de cómo realizan sus gestiones. Es más fácil controlar el pleno municipal, la diputación o los parlamentos para conseguir que, con algunas «negociaciones», se aprueben las gestiones realizadas.
Cuando se establece el principio de que los derechos humanos no son una mercancía, el falso dilema público-privado queda resuelto, porque la garantía de los derechos humanos pasa exclusivamente por la gestión pública. Visto lo visto la otra cara de la moneda es el derecho de la ciudadanía a que los servicios públicos sean bien gestionados por entes públicos, independientes de las políticas partidarias y con control público directo de la ciudadanía que los recibe.
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