La severidad en la aplicación del reglamento por parte de quien ha presidido la sesión, el señor alcalde, don Jorge Romero, marcó el pleno ordinario de la Corporación municipal barreña, celebrado ayer lunes, 8 de octubre.
El primer edil se despachó a gusto negando una vez más el turno de palabra a un miembro de la Corporación que estaba en el uso de ella y expulsando de la sala a varios de los representantes sindicales de los trabajadores presentes, que ejercían su derecho a reclamar el pago de las nóminas que a la plantilla se le adeudan, igual que lo hicieran cuando fueron alcaldes Juan Montedeoca, Ángeles Ariza y Alonso Rojas.
No es de extrañar que se le reproche como se le reprocha al actual regidor lo complaciente, comprensivo e incluso partidario que se mostraba con las protestas sindicales en las sesiones plenarias cuando no hace mucho se hallaba en la oposición y lo intransigente que se ha vuelto con las mismas desde que accedió a la alcaldía, así como ante cualquier muestra de emoción que no sea de su agrado entre el público asistente. Tanto como para ordenar a los agentes de la policía local allí destacados que denunciaran a los desalojados, y a quienes con ellos se solidarizaron, que desde la calle continuaron expresando su malestar con el equipo de gobierno andalucista.
El detonante de la situación, que impulsó al alcalde a hacer dos amagos de interrumpir la sesión, estuvo en la discusión y votación del punto en el que se trataba de la nulidad del actual convenio colectivo, que Romero dejó sin efecto el pasado año al poco de tomar posesión de su cargo como primera autoridad municipal. PSOE y PIBA se opusieron a la propuesta, pero PA y PP votaron a favor. La polémica estaba, pues, servida. La portavoz del grupo municipal socialista, Estefanía Ruiz, reprochó a Romero su incapacidad para negociar y llegar a acuerdos con los sindicatos que podrían haber evitado este desenlace y desde el grupo popular también se hizo otro tanto de lo mismo, pero no con la misma rotundidad, sino más bien como el que no quiere la cosa.
La iniciativa de llevar al pleno una moción para anular la validez del convenio ha sido puro artificio. El convenio no viene aplicándose desde hace más de un año y por una decisión unilateral de una de las dos partes que lo suscribieron. Y lo de recurrir al consejo consultivo para ampararla, puro teatro. Sobre todo, si se tiene en cuenta que lo que dicho órgano ha venido a decir es algo que ya se sabía. Hay quien se olvida de que sólo los tribunales pueden determinar la legalidad e ilegalidad de un acuerdo como este de que hablamos y ya hay sentada jurisprudencia al respecto.
El caso es que, como consecuencia del debate a que dio lugar y el guirigay que se montó, los ediles del PP, por alinearse con la tesis del equipo de gobierno del PA, también se convirtieron en blanco de las críticas, la ira y la indignación de algunos de los representantes de los trabajadores municipales, en calidad de agraviados.
En el apartado de ruegos y preguntas, la portavoz del PSOE exigió copia de las facturas de telefonía por enésima vez para desmontar un argumento muy socorrido al que recurre el actual primer edil, cuando responde a las críticas de los socialistas a través de notas de prensa. Dicho argumento consiste en declarar que ha tenido que pagar gastos de teléfono dejados por los anteriores gobernantes por un importe superior al millón de euros, pero, eso sí, sin exhibir prueba documental alguna que demuestre tal afirmación hasta la fecha.
Aunque se trataron otros puntos de interés, como el expediente referido al reglamento del futuro Consejo Local de Comercio y Turismo, que fue aprobado por unanimidad, puede afirmarse que, después de la trifulca, la sesión no tuvo ya mucha más historia.
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