El jurista romano Ulpiano decía que “La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar (conceder) a cada uno su derecho”, es decir, se trata de un derecho fundamental y básico que tiene toda persona por el hecho de serlo y que nunca debería verse restringido o limitado por otra persona, ley o poder alguno. Teniendo presente el significado y el supremo valor de la Justicia en toda su extensión, podemos comprender la crispación social, los ríos de tinta y las cuantiosas quejas y manifestaciones que desde los diversos sectores de nuestra sociedad se están produciendo desde que el Ministro de Justicia Alberto Ruíz Gallardón anunciase el llamado “tasazo judicial”. Una publicación express que se ha llevado a cabo en el BOE nº 280 con la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, reguladora de tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Todo jurista que se precie, debería leer detenidamente el Preámbulo de esta Ley, ya que resulta esclarecedor cuando dice que “el derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita” y que los beneficiarios deben ser los que corran con los gastos procesales, lo que evidencia la clara intención recaudatoria de la norma. Aunque se quiere diferenciar entre el procedimiento y el tributo, es innegable que el espíritu de la norma es económico. Continuamente se hace mención al “copago judicial” y a la pretensión de una nueva financiación del orden jurisdiccional por parte de los beneficiarios del mismo, es decir, los ciudadanos, dentro del más genuino concepto del Derecho Tributario. Es obvio como denuncian las asociaciones de juristas y magistrados que estas tasas van a imposibilitar el acceso a la Justicia a la gran masa social media, bastante castigada ya con la crisis, el desempleo y los continuos y cotidianos recortes. La pretensión de Gallardón de establecer nuevas tasas, evitar la excesiva carga judicial y adecuar el acceso a la justicia gratuita a todo el que cumpla los requisitos económicos y legales, parece ser que está teniendo un efecto contrario al perseguido, al encarecer los pleitos y excluir con ello a una gran parte de la ciudadanía que no podrá acceder al turno de oficio, pero tampoco podrá costearse ningún pleito.
La reforma legal amplía los hechos imponibles y los sujetos pasivos, es decir, si hasta ahora pagaban tasas las personas jurídicas, a partir de ahora también pagarán las personas físicas. Además, exceptuando el orden penal y militar, las tasas afectarán a la jurisdicción civil y contencioso administrativa, extendiéndose también al orden social o laboral, en el ámbito de los recursos de suplicación y casación. En el orden social tendrá que pagar todo trabajador por cuenta ajena o autónomo que recurra, eso sí con una exención del 60% en la cuantía de tasa. Obviamente estarán exentos del pago de tasas los pensionistas, desempleados y los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita, pero el resto de la ciudadanía tendrá que pasar por caja. El devengo de la tasa en el orden civil afectará a la gran parte de escritos, tramitación y recursos, mientras que en lo contencioso las tasas se centran en la interposición de recursos. La rapidez con que se ha aprobado la medida ha llevado a que aún no se cuente siquiera con los formularios de las tasas, lo que está provocando caos e incertidumbre en los juzgados, de por sí bastante colapsados de trabajo. Si antes del “tasazo” se acumulaban los expedientes, con la previsión del mismo se ha producido un aluvión de expedientes por parte de abogados y clientes, intentando evitar la nueva carga económica. Por otro lado, la aprobación acelerada de las tasas se hace ahora antes de finalizar noviembre porque en dicha norma ( Disposición Final Cuarta ) se elimina la paga extra de Navidad 2012 a los jueces y magistrados. Algo muy criticado por la judicatura, pues dicha supresión de paga debería haberse hecho anteriormente con la normativa que afecta al conjunto de funcionarios y no dentro de una normativa menor de tasas que nada tiene que ver con presupuestos y salarios. Es la puntilla a los recortes salariales de los funcionarios de la Administración de Justicia, bastante indignados por sus condiciones laborales, los recortes económicos, el bloqueo presupuestario, la congelación de plazas y oposiciones y el control político al que ahora pueden quedar expuestos.
Gallardón se ha propuesto ser el superministro y el reformador por excelencia, y a nadie se le escapa que tras los cambios se filtran de tapadillo ideologías y aspiraciones políticas que buscan cambios sociales y jurídicos profundos que pueden llevarnos a una “Justicia de pobres y ricos”. Como él dice, la ley de tasas es el “primer paso dentro del cambio absoluto de la Justicia”. Pero este no ha sido su primer paso, ya con anterioridad había levantado ampollas con la reforma de la ley del Aborto – Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo – al querer concebirla como una ley de supuestos en la que deben eliminarse plazos y restringirse el aborto en supuestos de malformación o minusvalía. Esto le valió importantes críticas que no cejaron con sus propuestas de reforma de la Ley reguladora de la Justicia Gratuita – el llamado turno de oficio -, la Ley de Demarcación y Planta Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Código Penal o la Ley del Menor. Y las quejas no vienen sólo de partidos políticos o de la ciudadanía, sino que son jueces y fiscales los más vehementes en las quejas, avivas por estas tasas y por la anunciada reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Jueces, fiscales y juristas se quejan de la ingente cantidad de trabajo, la demanda histórica de creación de plazas judiciales ( hoy 250 al año – el ratio de jueces por habitante más bajo de Europa ) y el claro recorte a la independencia judicial y las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sobre este tema, las asociaciones de jueces temen un control político de la Justicia, ya que en la reforma propuesta de la LOPJ se propone que doce de los 20 vocales del CGPJ sean elegidos por y entre los propios jueces y los otros ocho por el Parlamento. Teniendo en cuenta que existe una mayoría conservadora de jueces, el control político gubernamental podría ser una realidad, es decir, podemos caer en una injerencia del poder ejecutivo en el judicial, poniendo en peligro la tradicional división de poderes.
De acuerdo con el nuevo marco regulatorio, las tasas fijas que el ciudadano deberá desembolsar fluctuarán entre los 150 y los 1.200 euros en el orden jurisdiccional civil. Por ejemplo, la tasa para un concurso necesario será de 200 euros, mientras que una apelación costará 800 euros. A partir de ahora, llevar una causa hasta el Tribunal Supremo supondrá una tasa de 1.200 euros. Los casos de divorcio y separación costarán 300 euros en primera instancia, pero si existe apelación serán 800 euros. Con la crisis económica se daban menos separaciones y divorcios, y ahora estas tasas serán un escollo insalvable para muchas parejas. No digamos nada para aquellas mujeres que sufren violencia de género, que encontrarán en éstas una traba más en su problemática. Las tasas por tanto no sólo son excluyentes, sino que indirectamente van a propiciar una mayor conflictividad familiar y social, contribuyendo en muchos casos a la proliferación de uxoricidios.
En el orden social las tasas afectarán especialmente a los despidos, flexibilizados con la reciente reforma y huérfanos de control y aprobación por la autoridad competente – Eres -; así por ejemplo para recurrir en suplicación un despido habrá que pagar 500 euros y si es de casación 750. En el orden contencioso-administrativo, las cantidades oscilarán entre los 200 euros de un proceso abreviado a los 1.200 euros de una casación. A estas tasas fijas se añadirán otras variables que serán del 0,5% para los pleitos cuyo importe económico alcance hasta el millón de euros y del 0,25% para el resto, con un máximo variable de 10.000 euros.
La nueva Ley implica incrementos en las tasas de entre 50 y 750 euros y va a afectarnos en todas las esferas sociales, privadas, laborales y administrativas. Para el Consejo General de la Abogacía, se trata de unas cantidades desorbitadas que ningún ciudadano medio puede asumir, pues a las nuevas tasas citadas se deben sumar los honorarios de abogado y procurador. Además los juristas verán mermado su trabajo e ingresos, ya que serán menos los clientes que soliciten sus servicios. A su vez la justicia gratuita se verá colapsada de solicitudes – más de lo que actualmente está ? y todos los que no cumplan con los requisitos exigidos para abogado de oficio, se quedarán sin Justicia, es decir, no podrán defender sus derechos civiles, laborales o administrativos.
Con la regulación de estas tasas se pone precio a la Justicia y se conculca el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24 CE, además de vulnerarse el principio de igualdad. Las tasas son desproporcionadas y en muchos casos superan la cuantía que se reclama. Si no se rectifica, como vaticinan jueces y abogados la norma terminará en el Tribunal Constitucional, ya sea por la vía de la cuestión de inconstitucionalidad o el recurso de inconstitucionalidad. A colación de esto, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha pedido al PSOE que presente un recurso de inconstitucionalidad contra este “tasazo”, habida cuenta de que es el único grupo parlamentario de la oposición con suficientes diputados para formalizar esa impugnación.
Las críticas y movilizaciones de partidos, magistrados, fiscales, juristas, asociaciones de consumidores y ciudadanos en general continúan y son unánimes… por algo será. Si antes los recortes y cambios afectaron a la sanidad, la educación, servicios públicos y normativa laboral, ahora le toca a la Justicia. Haber si con la disculpa de las reformas y los recortes, lo que en realidad se quiere cambiar es nuestra sociedad y todos los servicios públicos y derechos sociales que tanta sangre y tiempo nos han costado.
“Donde hay poca justicia es un peligro tener razón” Francisco de Quevedo (1580-1645).
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