Con la petición de investigación al anterior jefe del estado, Juan Carlos de Borbón, sobre supuestos capitales, ocultos a la hacienda pública, supuestamente obtenidos de manera fraudulenta al objeto de mediar, supuestamente, a favor contratos multimillonarios, se cita el del AVE la Meca a Medina donde sólo la primera transferencia seria supuestamente de 100 millones de dólares, o la donación de 65 millones de euros a Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, se somete a la Constitución Española a la “prueba del algodón”. Y la constitución sale a colación en esta “merienda de negros”, al ser traída por el PSOE, que según la Sra Lastra – vicesecretaria general del PSOE y portavoz en el Congreso- “no cabe constitucionalmente” una comisión de investigación sobre Juan Carlos I, ya que, según su docta opinión: “”Es simplemente leerse la Constitución y saber que el Rey es inviolable”, recordando que los letrados del Congreso siempre se han opuesto.
Se invoca el artículo 56 de la Constitución para “blindar” al anterior monarca y jefe del Estado, de una mera investigación. Cuando evidentemente la constitución nada dice sobre la capacidad del Parlamento para investigar lo que crea menester. Con independencia de las interpretaciones que puedan hacerse, al mencionado artículo 56 que, entre otras cosas, dice aquello de “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”; el texto constitucional no limita en modo alguno las competencias de las Cortes Generales cuando estas, según el artículo 66 representa al pueblo español. Y en democracia al menos teórica el Pueblo tiene derecho a conocer.
Sorprende que la Sra Lastra asuma sin ningún pudor que una persona sea “Agamenón o su porquero” estén por encima de la ley. Más aún cuando en el caso presunto de que Juan Carlos de Borbón haya defraudado a la hacienda pública, sea el mismo defraudador el que firma la mismísima ley. No cabe imaginarse mayor rastrera servidumbre que legitimar la impunidad de quien, presuntamente comete un delito y no lo “paga”. Las gentes de esta España cada vez comprenden menos la figura antidemocrática del monarca y menos aún que se pretenda no investigar la veracidad de acusaciones con visos de veracidad y con documentos incriminatorios. Y que además ese ocultamiento se produzca por parte de quienes dicen defender el interés del pueblo, el imperio de la Ley, el Estado de Derecho.
Que la Constitución Española de 1987 fue un apaño entre los grandes poderes reales para salir airosos, todos ellos, en sus prebendas, privilegios e indemnes de los latrocinios y genocidios cometidos en la barbarie franquista, es más que evidente. Y este hecho de querer dejar a salvo a Juan Carlos de Borbón, de una simple investigación del Parlamento, es más que inaceptable. Si de verdad es inocente el rey emérito le debe faltar tiempo para alentar que se investigue la falsedad de las acusaciones y que caiga sobre las espaldas de la difamante Corina todo el peso de la ley, que para eso la firma.
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