Ecologistas en Acción del Campo de Gibraltar ha presentado alegaciones ante la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de Cádiz contra el proyecto de cuarta ampliación del vertedero de residuos no peligrosos y estabilizados de la empresa Gamasur Campo de Gibraltar S.L., ubicado en el Complejo Medioambiental Sur de Europa, en el término municipal de Los Barrios.
El colectivo ambientalista sostiene que el vertedero “acumula una larga lista de problemas ambientales e incumplimientos” y alerta de que esta nueva ampliación busca “legalizar una situación de hecho de colapso, contaminación y descontrol”.
Según Verdemar-Ecologistas en Acción, el complejo ha generado filtraciones y vertidos de lixiviados —líquidos contaminantes derivados de la descomposición de los residuos— en los arroyos Chorreón y Guadacortes, que desembocan en los ríos Guadacorte y Palmones y finalmente en la Bahía de Algeciras, un espacio natural protegido integrado en la Red Natura 2000 (ZEC y ZEPA ES0000049).
Estos vertidos, explican, se producen especialmente tras episodios de lluvia, cuando el sistema de recogida de lixiviados “resulta claramente insuficiente”. “La Junta no puede seguir mirando hacia otro lado mientras los lixiviados de los vertederos y las cenizas acaban en el río y en la bahía”, señala el comunicado del colectivo, que considera que “el problema ambiental es acumulativo y grave”.
Además, Ecologistas en Acción asegura que el vertedero ha superado en fases anteriores el límite de altura autorizado, fijado en 195 metros, lo que ha generado “riesgos de inestabilidad geotécnica y filtración en la base”. En lugar de corregir estos incumplimientos, el nuevo proyecto “pretende ampliar aún más la cota y el volumen de vertido sin una evaluación ambiental completa y actualizada”.
El grupo ecologista también denuncia la falta de información pública sobre la procedencia y el tipo de residuos depositados, así como sobre la trazabilidad y control analítico de los mismos. “No sabemos de dónde vienen los residuos, ni cuántas toneladas se han enterrado, ni si todos proceden del Campo de Gibraltar”, advierten.
En sus alegaciones, Ecologistas en Acción sostiene que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa omite información esencial y vulnera la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados, así como el Real Decreto 646/2020 sobre vertederos. “La opacidad es total: se sigue enterrando sin control ni transparencia. Exigimos un registro público de trazabilidad, procedencia y volumen de residuos acumulados desde 2007”, concluyen.
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