La semana pasada no, pero sí la anterior, expresaba desde este mismo espacio un deseo, compartido, creo, por la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país. Pedía, más o menos, como cualquier persona de bien, que quienes tienen la capacidad de decidir tomaran de una puñetera vez cartas en el lamentable y triste asunto de los desahucios. Esos desalojos forzosos de viviendas a los que asistimos a diario y de los que son víctimas miles de familias que, con recursos cada vez más escasos, como consecuencia de la crisis, sufren la pérdida de sus hogares por no poder pagar las hipotecas que en su día suscribieron. Y lo hacía al comentar una propuesta sobre el mismo tema planteada por un grupo de vocales del Consejo General del Poder Judicial en la que, con mucho acierto en mi opinión, se contemplaba la urgente necesidad de abordar desde el punto de vista jurídico este problema y detener el grave perjuicio social que el fenómeno está ocasionando.
Decía yo entonces que ojalá se atrevieran, quienes deben, o deberían atreverse, y que no son otros que los que detentan el poder y la autoridad, a adoptar medidas efectivas en tal sentido. Y lo decía, y lo digo, desde la convicción de que era y es esto no ya sólo una exigencia económica, sino, lo que es más importante, también una exigencia moral. Sobre todo, teniendo en cuenta lo que quienes detentan ese poder y esa autoridad han debido hacer hasta ahora para salvar bancos. Esos mismos bancos, mal gestionados, a los que se les auxilia con dinero público, que pagamos todos, al tiempo que vemos como dejan a un montón de gente sin casa y tirada en la calle. Y, más aún, los sacrificios que por mor de tan deplorable excusa ?la de rescatar un sistema financiero que ha puesto todo el mundo patas arriba? se le ha exigido y se le continúa exigiendo a la ciudadanía.
No quiero pecar de optimista, generando expectativas que serían falsas e infundadas, ni de pesimista, para no aguarle la fiesta a nadie. Pero me alegro de que los dos principales partidos políticos, PP y PSOE, hayan dado un paso adelante y, haciendo de la necesidad virtud, se hayan puesto de acuerdo en una cuestión como esta que tanta alarma social ha generado. Aunque ya veremos en qué se queda. El clamor popular parece que ha removido ciertas conciencias que debían ser removidas y las movilizaciones han tenido igualmente su efecto.
Y me alegro todavía más de que, coincidiendo con este hecho, desde allá en Europa se haya dejado oír, por fin, una voz autorizada ?la de la abogada general del Tribunal de Luxemburgo? dando un toque de atención a la administración española por permitir en los albores de este siglo XXI la vigencia de una ley hipotecaria anacrónica que data prácticamente de principios del siglo anterior, que no protege el interés de los prestatarios y que no es compatible con la legislación europea. Sostiene dicha abogada, y con razón, que, aunque no existe una armonización de la normativa aplicable en los países de la Unión, ninguna ley nacional puede ser contraria a los derechos que las leyes comunitarias reconocen a los consumidores y usuarios. Y eso es, al parecer, lo que está ocurriendo en el caso de España, sin que hasta la fecha se le haya puesto remedio.
Lástima que el anterior gobierno de ZP, tan empeñado como estuvo en ampliar y extender los beneficios del estado del bienestar a un porcentaje cada vez mayor de población, mientras la coyuntura lo permitió, tampoco cogiera a tiempo el toro por los cuernos en lo que a esta materia se refiere. Más trecho tendríamos andado probablemente en la buena dirección y tal vez otro gallo nos estaría hoy cantando.
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