En primer lugar, los colectivos ecologistas muestran su sorpresa y desacuerdo «con lo propuesto en este decreto, concretamente respecto a los límites de ampliación, ya que entendemos que no se han tenido en cuenta los intereses públicos y el fin primordial de preservar los valores naturales de estas desembocaduras».
En este caso «se han antepuesto los intereses que particulares y organismos tengan o puedan tener previstos en esta desembocadura, aunque algunos de ellos sean improbables de realizar, irrealizables o ilegales».
Con respecto a la desembocadura del río Palmones, «es lamentable la actitud poco sensata y valiente que ha venido mostrando la Consejería de Medio Ambiente, desde la aprobación de su actual y exiguo Paraje Natural en 1989».
Actualmente, después de dos décadas, resulta «desconcertante que la actitud de esta Consejería siga siendo similar: abandonar a su suerte este valioso espacio natural, mediante una ampliación limitada a las zonas más próximas al Paraje Natural.
Por otro lado, en cuanto a la ampliación prevista del Paraje Natural del Guadiaro, los límites propuestos «son para quedarse perplejos, sobre todo si tenemos en cuenta que este Paraje es el de menor extensión de Andalucía y que se halla sometido a una fuerte presión urbanística».
En este Paraje la Consejería «se limita a incluir en la ampliación tan sólo la mitad del cauce no incluido inicialmente, es decir, la ampliación sólo abarca unas pocas hectáreas de agua».
Por todo ello, los colectivos conservacionistas consideran que la aprobación de la ampliación de estos Parajes Naturales «es inadmisible, desde los puntos de vista ecológico, hidrológico, social, paisajístico, económico y (respecto a a la desembocadura del río Palmones) en relación con la seguridad de las personas y sus bienes».
El Proyecto de Decreto de ampliación de estos Parajes Naturales «debe ser anulado y debe ser reelaborado intensamente», para las tres asociaciones.
Medidas judiciales
Los colectivos han anunciado a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que «si decide continuar con la tramitación de este Decreto, emprenderemos actuaciones judiciales contra este organismo, por considerar que se estarían cometiendo presuntos delitos de prevaricación, connivencia y contra el medio ambiente».
