El Partido Andalucista, al igual que el gobierno municipal, se pone en cambio “del lado de la legalidad, del bien común de los 23.000 ciudadanos de Los Barrios antes del de unos pocos, y de tomar medidas aunque a veces sean dolorosas para conseguir reflotar la economía de este Ayuntamiento”.
Para el PA, en la sentencia emitida por el Juzgado de lo Social sobre un amortizado, que ya el Ayuntamiento ha informado que tiene un carácter provisional porque está a expensas de lo que dictamine la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), “el mismo juez reconoce que todos los amortizados estaban en contrato de fraude de ley; una tremenda ilegalidad realizada por el PSOE durante sus años en el gobierno municipal y que ha contribuido entre otras muchas más nefastas irregularidades a llevar a este municipio prácticamente a la quiebra técnica que actualmente están sufriendo todos los barreños. Y a pesar de todo, el PSOE tiene la desfachatez de celebrar la sentencia, cuando ha sido el gran culpable de todas estas consecuencias que estamos pagando ahora todos los barreños, por lo que debería pedir una y mil veces perdón al pueblo de Los Barrios por haberlo sumido en la más grave crisis económica de su historia”.
El PA entiende que “el cinismo que está mostrando el PSOE en esta legislatura alcanza las mayores cotas ya que como fue público en su día la misma formación socialista anunció al final de su anterior mandato que la única solución para salvar al consistorio de la quiebra era el despedido de trabajadores municipales; una cifra que llegó a definir en unos doscientos despedidos. Es una muestra más de la deslealtad con el pueblo de Los Barrios del PSOE que solo piensa en recuperar el gobierno municipal como sea aunque en el camino le haga más daño todavía al Ayuntamiento del que le ha hecho ya”.
Además, el Partido Andalucista también recrimina a la portavoz socialista Estefanía Ruiz su inmensa hipocresía al solicitar continuamente dimisiones cuando ella misma está imputada o denunciada en cuatro procesos judiciales: por enchufismo; por el desmonte de La Gertrudis; por la quiebra de las empresas municipales; y por las consecuencias negativas del desmesurado convenio laboral que firmó.
