Esta querella, que se interpondría gracias a los votos del PA y PP, será por supuestos delitos de insolvencia punible, societarios, contra la Hacienda Pública y Seguridad Social y contra la Administración Pública, así como por otros tipos penales que pudieran ser aplicables tras la definitiva concreción de los hechos al plantear la querella.
El gobierno local basó su propuesta en un informe jurídico que constata que la situación patrimonial real de las sociedades municipales es incluso peor que lo que refleja la contabilidad de las mismas, ya que suman entre las cuatro una deuda de más de 64 millones de euros.
En la querella se solicitará ejercitar, junto a la acción penal, la correspondiente acción civil derivada posibles delitos contra los miembros de los consejos de administración anteriores al acuerdo de disolución, con la idea de que “respondan con su patrimonio personal del pago de las deudas societarias en su totalidad”.
El Psoe votó en contra y señaló que el informe estaba incompleto después de una intervención de la portavoz Estefanía Ruiz, donde detalló en profundidad parte del patrimonio de todas las sociedades municipales disueltas, además de criticar de la actitud del Equipo de Gobierno con el patrimonio de la RTVLB o Iniciativas Los Barrios. Mientras que el PIBA propuso crear una comisión de investigación antes de interponer la querella.
El Pleno dio a conocer la renuncia del concejal socialista Juan Montedeoca a su acta de manera voluntaria, aunque no pudo asistir a su última sesión.
Otro de los puntos que generó debate fue la propuesta del PA en relación a la Tasa de Residuos Inertes que fue aprobada por todos los grupos a excepción de los socialistas. Un punto en el que se acordó crear una comisión de seguimiento
La recuperación de Oficio de la porción de la vía pública usurpada por la instalación de un quiosco, situado entre la Plaza del Mar y el Paseo Marítimo de Palmones salió adelante con los votos del PA y PP. Los andalucistas explicaron que primero es necesario recuperar el espacio público y luego abrir un procedimiento administrativo para una futura concesión. Mientras, los populares preguntaron a los socialistas porque no solucionaron la situación de este quiosco cuando gobernaron. Los socialistas contestaron que este expediente se paralizó en el departamento de Intervención y no se pudo llevar a cabo.
También generó un tenso debate la revisión de oficio del Convenio Regulador de las Condiciones de trabajo de los empleados públicos municipales del Ayuntamiento de Los Barrios para los años 2008-2011, así como la Adenda al Convenio de fecha 20 de abril de 2009. Un punto que salió adelante con el voto de calidad del alcalde, quien señaló que sea el Consejo Consultivo de Andalucía el que se pronuncie si el convenio en su día era nulo o no.
Los socialistas pidieron a Romero que abra el diálogo con los sindicatos y negocie un nuevo convenio, mientras que el PP instó al alcalde que negocie y solucione la situación de los trabajadores municipales que a día de hoy no tienen convenio.
El alcalde señaló que sigue trabajando en solucionar los problemas laborales del Ayuntamiento y en ponerse al día en las nóminas. “El principal proyecto de futuro es garantizar los servicios públicos básicos y recuperar a este Ayuntamiento en cuanto a imagen, presupuesto y administración”. También le recordó a Ruiz el porque no llevó el convenio a Pleno cuando fue concejal de Personal. “ El convenio colectivo de empleados municipales estaba sin aprobación plenaria, aplicando subidas lineales muy por encima de lo marcado en los Presupuestos Generales del Estado”, recordó.
También salió adelante con los votos del PA y PP el expediente Aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de la Apertura de Establecimientos para el ejercicio de Actividades Económicas.
Por último, el Pleno aprobó por unanimidad asumir los gastos del nicho de Miguel Herrera Monteros, más conocido como Maestro Quico, a partir de 2015, ya que en la actualidad unos vecinos de Los Barrios han sufragado los gastos a día de hoy. Algo similar ha ocurrido con los restos de la botánica Betty Allen, donde familiares de Nueva Zelanda han costeado los gastos de su nicho.
