Se nos lució con la reforma regresiva de la ley que regula el derecho al aborto y ahora se nos ha vuelto a lucir con su proyecto de ley sobre tasas judiciales. Para lo dicho y hecho, más nos habría valido que el señor Gallardón hubiera seguido en su cargo de alcalde de Madrid y no emprendido la aventura ministerial. Aunque, bien pensado, sí cabría decir que ha servido para algo: para enterarnos de que el bien visto y moderado dirigente del Partido Popular, el político hacia el que muchos miraban como el llamado a convertirse en el futuro líder moderno que los conservadores de este país necesitan, y la nueva derecha también para liberarse de sus cargas del pasado, no es quien aparentaba. Todo era facha en él, y nunca mejor dicho. Suavón, muy suavón, pero, al final ?ya se ha venido viendo?, más papista que el Papa.
Va a pasar a la historia por ser el primer ministro del ramo que pone en huelga a jueces, abogados y fiscales. Y el artífice de una administración de justicia que prestará mayor y mejor atención a quien pueda pagársela y no a quien la precise, aunque lo niegue. Por mucha ley de mediación que antes se haya inventado como remiendo.
Todo por cumplir un programa que, lejos de ser fruto de la improvisación contra los efectos de la crisis, como en un principio pudiera parecer, está diseñado desde hace mucho y tiene por objeto la privatización paulatina pero progresiva de los servicios públicos esenciales.
Una justicia que no sea gratuita no puede considerarse justa. Es inadmisible que a un ciudadano le cueste dinero recurrir un acto administrativo o una disposición gubernamental que estime injusta o le perjudique. Es toda una aberración, un grave atentado a los fundamentos en los que se asienta el estado democrático y de derecho.
Afirman desde el PP que la nueva ley preserva la tutela judicial efectiva. Yo, sin embargo, lo dudo mucho. Es más dudo incluso que haya estado preservada y garantizada como debiera hasta la fecha. Quizá por ello me ha venido a la memoria en este punto aquella frase un tanto populista, mas no falta de razón, que hiciera célebre el exalcalde de Jerez Pedro Pacheco y que seguro que muchos de ustedes aún recuerdan.
La justicia ya tenía en España su coste para los administrados y ciertos mecanismos procedimentales que favorecen a los ricos en detrimento de los pobres. El problema es que ahora se encarece en exceso y se incrementan ?con el consiguiente agravio que ello supone? las ventajas de los que más tienen respecto a los que menos.
El caso es que hemos llegado a una situación en la que nuestros impuestos suben y la calidad de nuestros servicios baja. Y todo por no exigirles un esfuerzo económico suplementario a los potentados, a los poseedores de grandes fortunas, a los empresarios y a las empresas con altos niveles de beneficios, no vaya a ser que se nos molesten y se nos enfaden.
No se atrevió a hacerlo el anterior gobierno de ZP, a pesar de tratarse de una medida que forma parte del ideario socialista, y por supuesto no lo ha hecho ni lo hará el actual, que nunca ha abogado por una medida de ese tipo porque no casa con la ideología y las señas de identidad del partido que lo sustenta.
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