Patricio González
El caso de la Corrala Utopía ha sido la gota que ha colmado el vaso de los desatinos, de la falta de gobierno de la Junta y de lo que es peor, de campar a sus anchas en la ilegalidad a cambio de mantenerse en el gobierno aguantando las chulerías de Izquierda Unida que hace lo que le viene en gana sin tener en cuenta para nada la legalidad.
Los propios decretos de la Presidenta de la Junta quietando funciones a la Consejera de Fomento y volviéndoselos a dar a las cuarenta y ocho horas, son las mayores pruebas de la prevaricación a la que se une el propio informe de los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla que afirma que sólo dos de las siete familias que aceptó finalmente el gobierno andaluz como de máxima exclusión, son reales. Ya existe una denuncia por prevaricación presentada. Curiosamente la fiscalía no ha intervenido de oficio.
El tema se ha callado con su poder mediático, pero inmediatamente le estalla en la cara a la Junta el tema de los cursos de formación no realizados y pagados, y los realizados y no pagados.
En un primer momento, el Consejero Luciano Alonso sale echando en cara que se haya filtrado, no que no lo hayan hecho, sino que se hayan filtrado esos cursos inexistentes, mientras la Unión Europea pide explicaciones.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía da un tirón de orejas a la Junta por la penosísima situación de las infraestructuras judiciales entre las que se encuentra la Inexistente ciudad de la Justicia de Algeciras.
La sanidad andaluza está viviendo los peores momentos de su historia con una precariedad tremenda para los profesionales y una falta de infraestructuras como nunca. En nuestro caso son las obras de lo que tendría que ser el nuevo Hospital de La Línea, el mejor monumento al desatino y al abandono.
Pero es que hace algo más de un mes los propios sindicatos denunciaban la situación de explotación en la que se encuentran los monitores de los colegios y ahora los juzgados números 1 y 2 de de lo Social de Córdoba han emitido sentencia con respecto a esto en la que expresa y textualmente las irregularidades con los mismos ,señalando que el colectivo ha desarrollado su trabajo en unas “condiciones de precariedad que deberían avergonzar a una clase política que hace apenas dos años, cuando se empezó a hablar de la posibilidad de instaurar en España lo que en Alemania se conocía como ‘minijob’, lo rechazó alegando que ese tipo de contratación no es propia de nuestro país y que jamás se aceptaría”. En los próximos días será juzgados de Cádiz y Córdoba otra vez quienes volverán a dar la razón a los trabajadores en el sentido de que un gobierno de coalición, progresista y de izquierdas los ha explotado laboralmente.
Ante esto y con la degeneración diaria a la que estamos sometidos, son necesarias ya unas Elecciones anticipadas.
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