Redacción | Cádiz
La moción que defenderá el portavoz de IU, Pedro Romero, pide asimismo, que se inste a la Junta de Andalucía a aprobar este impuesto de manera urgente “ante las dificultades que atraviesan los pequeños y medianos comercios en nuestros pueblos y ciudades”.
Romero afirma que la creación de este impuesto es “una útil herramienta anticrisis, ya que su recaudación permite financiar programas para la mejora del medio ambiente, la creación de espacios verdes de uso público y apoyo al pequeño y mediano comercio, así como de fomento, mantenimiento y creación de empleo en el sector comercial”. El diputado recuerda además, que la puesta en marcha de este impuesto supone cumplir con el acuerdo de gobierno suscrito entre PSOE e IU, por el que “se adoptó el compromiso de dotar de mayor progresividad al sistema fiscal andaluz, con impuestos redistributivos, progresivos, verdes y justos y este impuesto a las grandes superficies cumple con dicho compromiso”.
La moción de IU ofrece datos a favor del pequeño comercio como motor de desarrollo de la Comunidad tales como el hecho de que el comercio aporta el 12% del Producto Interior Bruto (PIB) de Andalucía o que casi medio millón de personas trabajan en el sector comercial andaluz, “lo que significa que una de cada cinco personas trabajadoras está ocupada en actividades comerciales”. Así, apunta que frente a los más de 450.000 personas que emplea el pequeño y mediando comercio, las grandes superficies sólo generan 20.000.
El portavoz de IU afirma que las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy “han roto el equilibrio consensuado que existía en el sector comercial en Andalucía, con medidas directas como la liberalización de horarios y de rebajas, que han sido impuestas sin consultar a los agentes socioeconómicos, respondiendo a los intereses exclusivos de las grandes superficies y vulnerando el Estatuto de Autonomía de Andalucía”. Decreto que está recurrido por parte de la Junta de Andalucía ante el Tribunal Constitucional.
Romero concluye señalando que las grandes superficies, “por su formato comercial, ubicación y actividad, producen impactos negativos que afectan a la vida colectiva, particularmente a la ordenación del territorio, al medio ambiente, a las infraestructuras públicas y al tejido y actividades de los núcleos urbanos, sin asumir los correspondientes costes económicos, sociales y ambientales”, por lo que considera “justa” su contribución económica a la Comunidad.
