Juan Luis González Pérez | bits rojiverdes.org
Quien piense de veras que el Partido Popular se encuentra volcado en un proceso sincero para profundizar en nuestro exiguo sistema democrático, va listo. Viendo el elenco de reformas efectuadas en esta eterna legislatura, sólo cabe esperar otra vuelta de tuerca involucionista contraria a las demandas de la opinión pública, que es usada como pretexto para perpetrar este peligroso golpe de estado institucional que esconden bajo el eufemismo de la regeneración democrática.
La Real Academia de la Lengua entiende por regenerar «dar nuevo ser a algo que degeneró, restablecerlo o mejorarlo»; atendiendo pues a su significado literal, de la reforma del PP cabría esperar más y mejor democracia, mayor implicación ciudadana en los asuntos de la comunidad y una transición clara desde la limitada democracia representativa hacia la democracia participativa. La sociedad de nuestro país está harta de la profesionalización de la política, de la gente que está en la cosa pública sólo «para forrarse», de la corrupción, de las puertas giratorias hacia los consejos de administración de la empresa privada, de arribistas sin oficio ni beneficio que hacen carrera en la política porque serían incapaces de hacerlo en otro lugar, del uso de la política para medrar en sociedad y convertirse en «casta» para siempre, de votar un día y callar cuatro años, de promesas electorales incumplidas impunemente, de blindajes judiciales, de la partitocracia, de la supuesta separación de poderes, etc., etc.
¿Cuál de estas demandas sociales pretende atender el Partido Popular? Realmente, ninguna. La medida estrella de su programa es la «elección directa de los alcaldes» en los comicios municipales, una artimaña milimétricamente diseñada para retener el poder con mucho menos apoyo ciudadano del que tuvieron en anteriores elecciones y, sobre todo, por su absoluta incapacidad para llegar a acuerdos con otras formaciones por mor de su intolerancia e inflexibilidad. Y es que es difícil compatibilizar el aglutinar todo el espectro de la derecha, desde la más extrema hasta liberales y social cristianos, con tener partidos con programas similares con los que compartir programa de gobierno. Es justamente la caída en la intención de voto y la soledad en la derecha jacobina centrípeta la que los impulsa a promover este auténtico pucherazo electoral, jamás un deseo genuino de regeneración democrática, como pretenden hacernos creer.
No es nada nuevo, los intentos desesperados de Cospedal por perpetuarse en el poder en Castilla-La Mancha cambiando las reglas de juego van en ese sentido. Por un lado, eliminando el salario de los diputados para dejar lo público en manos de personas con dinero y mucho tiempo libre y, por otro, disminuyendo el número de representantes para evitar que partidos pequeños puedan llegar a tener representación parlamentaria. Si, además de todo ello, se le unen cambios en las circunscripciones para otorgar más representación en sus tradicionales caladeros de votos, tenemos consumado otro pucherazo electoral de primer orden. La excusa para este atentado a la democracia fue en esta ocasión la austeridad, algo nada creíble viniendo de una mandataria que había acumulado hasta 170.000 euros anuales en sueldos públicos. Pues bien, envalentonados como están con la cuota de poder acumulada y aterrados ante la perspectiva de perderlo, otras comunidades como Murcia pretenden emular la reforma manchega e incluso se alzan voces que piden cambiar todo el sistema para blindar a nivel nacional el bipartidismo, origen de la práctica totalidad de las carencias democráticas que sufre la ciudadanía de nuestro país.
Pero, en su cruzada propagandística, los populares se presentan como paladines de de la democracia, presumiendo de otras iniciativas que han llevado a cabo que permitan encubrir el dislate de la elección directa de alcaldes y alcaldesas. Se vanaglorian de la Ley de Transparencia denunciada por no cumplir los estándares internacionales más elementales. También de un proyecto de Ley del Alto Cargo que sigue permitiendo las puertas giratorias después de dos años del cese en un puesto político. Incluso de una Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos que posibilita seguir con los fraudes de financiación que conocemos hasta ahora, mediante donaciones de personas físicas que representen a empresas, a través del fraccionamiento de las donaciones para que sean anónimas o por medio de las fundaciones de los partidos, que se libran de la normativa. La reforma del Código Penal contra la corrupción o la imposible —a corto y medio plazo— propuesta de Gallardón sobre los aforados son otras actuaciones o cortinas de humo con las que tapar el golpe de mano que supone la «elección directa» de los alcaldes.
Lo que es increíble es que puedan cambiarse normas tan básicas por la iniciativa de un grupo político que cuenta con una mayoría absoluta arrolladora con poco más del 30% de los votos posibles. Cualquier cambio normativo de calado debería requerir al menos una mayoría cualificada de parlamentarios que eviten decisiones unilaterales de este tipo o, mejor, la exigencia de convocatoria de un referéndum preceptivo y vinculante para conocer y respetar el sentir popular.
Que no nos engañen, un partido con todos sus tesoreros procesados o en la cárcel, con toda su cúpula salpicada de sobresueldos, con escándalos de financiación ilegal por doquier, con decenas de cuadros encausados, que entorpece constantemente la labor de la justicia… no puede tener autoridad moral, pero tampoco voluntad real, para regenerar nuestra depauperada democracia. Tanto el PP como el PSOE son parte del problema y no van a estar en el origen de ninguna solución satisfactoria. Es hora de dar la voz al pueblo, las regeneraciones democráticas manu militari, sólo pueden ser degeneraciones democráticas.
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